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Las separacion­es de familias en EU han terminado, aunque el caos de la política de Trump sigue vigente.

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No todos los niños que fueron separados de sus padres por las autoridade­s de EU han sido reunidos con ellos y las cicatrices permanecen. La administra­ción de Donald Trump afirma que en su mayoría cumplió con un plazo ordenado por la corte para reunir a las familias migrantes separadas en la frontera. Aunque sea cierto, esta es una historia sin finales felices.

Más de 700 de los casi 3 mil niños separados de sus familiares permanecen en manos del gobierno, ya sea porque sus padres han sido deportados o porque han faltado verificaci­ones de ellos.

Muchos de los deportados parecen haber sido engañados para que accedieran a irse sin sus hijos, e incluso los niños que están con sus padres sufrirán cicatrices psicológic­as de lo que el presidente de la Academia Estadounid­ense de Pediatría ha llamado “abuso infantil sancionado por el gobierno”.

Esta crisis podría haberse evitado fácilmente. El Fiscal General de EU, Jeff Sessions, introdujo innecesari­amente su política draconiana de detener y enjuiciar penalmente a todos los migrantes, incluidos los solicitant­es de asilo, atrapados tratando de cruzar ilegalment­e a EU, en un momento en que las aprehensio­nes en la frontera sudocciden­tal están en mínimos históricos.

Tan pronto como Sessions cambió la política fronteriza, el gobierno se encontró en un dilema. Para lidiar con todos los niños, el Departamen­to de Salud y Servicios Humanos tuvo que alojarlos en “refugios de afluencia” a un costo de cientos de dólares por niño cada noche. Decenas de millones de dólares en fondos tuvieron que ser cambiados de otros programas; el creciente número de casos desvió a los fiscales federales de perseguir a los narcotrafi­cantes; el Pentágono fue convocado para proporcion­ar abogados y alojar a niños en bases militares.

Bajo presión de los tribunales y una protesta pública, la administra­ción se ha alejado de los procesos penales que resultaron en separacion­es familiares. Aun así, necesita terminar de limpiar el desastre que ha creado. Los niños no pueden quedar en el limbo y necesitan reunirse rápidament­e con los miembros de su familia. El Congreso tiene la responsabi­lidad de presionar al Ejecutivo sobre los orígenes y el costo de la crisis para ejercer una supervisió­n efectiva.

La administra­ción de Trump asegura que sus políticas de línea dura disuaden a quienes podrían cruzar la frontera. Pero la evidencia de los esfuerzos anteriores en la detención familiar muestra que no lo hacen. Esta crisis solo ha sembrado la miseria y el caos, y retrasó aún más una discusión en EU muy necesaria sobre la reforma migratoria integral.

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