Varios estados de EU valoran más sus negocios que la persecución de ilegales.
○ El sentimiento antimigratorio no puede contra los negocios.
En 2011, los estados de todo el sureste de Estados Unidos aprobaron leyes que amenazaban a los empleadores con graves consecuencias, incluida la pérdida de su licencia para hacer negocios, si no se inscribían en un servicio federal de datos llamado E-Verify para comprobar el estatus legal de las nuevas contrataciones de personal. Siguiendo el modelo de las medidas de 2008 en Arizona y Mississippi y anunciado como una reprimenda a la administración Obama que parecía no hacer nada, las leyes fueron más allá que las de esos estados que solo exigían revisiones para el nuevo personal de las agencias estatales y sus contratistas.
Siete años después, esas leyes parecen haber sido más bien ladridos políticos que mordidas severas. Ninguno de los estados del sur que extendió E-Verify al sector privado ha cancelado una sola licencia comercial, y únicamente Tennessee, implementó las multas. La mayoría de las empresas atrapadas violando las leyes no tuvieron consecuencias.
En Georgia, el departamento que audita el cumplimiento de la ley E-Verify nunca recibió dinero para hacerlo. En Luisiana, donde la ley contra la contratación de empleados no verificados puede llevar a la cancelación de contratos públicos o la pérdida de licencias comerciales, no se ha cancelado ninguno, no se han suspendido las licencias y el estado informa cero quejas “procesables” desde que el mandato entró en vigencia en 2012. En Mississippi, nadie parece saber quién aplica la ley E-Verify. La legislación local parece dar ese trabajo a su Departamento de Seguridad del Empleo, que no
sabe al respecto y remitió las preguntas a la oficina del fiscal general, que no sabe quién es responsable.
Lo mismo pasa en Alabama, donde el Departamento de Trabajo señala a la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama, que no hace cumplir la ley ni sabe quién lo hace. Los fiscales de distrito, que presentan denuncias bajo el amparo de la ley, dicen que la ejecución recae en la fiscalía general del estado. “¿Qué se supone que debemos hacer?”, pregunta su portavoz Joy Patterson. “No estoy al tanto de nada de eso”.
Scott Beason, un exsenador estatal que defendió la ley de Alabama, lamenta la falta de cumplimiento. “Parece que hemos ingresado a una nueva era en el estado, donde si el Ejecutivo no quiere hacer cumplir una ley, todos dicen que no saben quién debe hacerlo”. Más que eso, la falla en el cumplimiento de las leyes de E-Verify subraya cuán complicado es el debate de inmigración.
Incluso en estados profundamente republicanos enamorados de la represión de la inmigración, castigar a los negocios es una mala política. “Los legisladores obtuvieron todos los beneficios políticos de apoyar la aplicación de la ley de inmigración, pero no el costo político de perjudicar a las empresas”, explica Alex Nowrasteh, analista del Instituto Cato. “Estos son estados que desean aplicar leyes de inmigración, donde el electorado está sólidamente detrás de ellas y la política está detrás de ellos, e incluso allí no quieren imponer sanciones a los negocios”.
Se espera que la Ley de Fuerza Laboral Legal, un proyecto legislativo que instituiría un sistema nacional E-Verify, sea debatido en el pleno de la Cámara de Representantes de EU en septiembre. Patrocinada por el legislador republicano de Virginia, Bob Goodlatte, presidente del comité judicial de la Cámara, partes de la iniciativa de ley ya han sido impulsadas por otros políticos de línea dura en materia migratoria. Hasta el momento, ninguna de las propuestas ha logrado ser aprobada por el Congreso. La Federación por una Reforma Migratoria en EU (FAIR, por sus siglas en inglés) alista una campaña digital para señalar y avergonzar a los legisladores que impulsan la ley. El presidente de FAIR, Daniel Stein, dice que este es solo el último ejemplo de las fisuras entre el grupo que domina al Partido Republicano y a los republicanos de base.
Introducido en la década de 1990 como un programa voluntario, E-Verify se convirtió en obligatorio para los contratistas federales en 2009. Las empresas se inscriben firmando un memorando de entendimiento con el Departamento de Seguridad Nacional de EU diciendo que usarán el sistema para nuevas contrataciones. El departamento no exige el cumplimiento, pero recopila datos que sugieren que no todos los inscritos lo utilizan. Georgia, por ejemplo, tiene 101 mil 667 empresas inscritas, la mayor cantidad en el país. También tiene el porcentaje más bajo (23 por ciento) de miembros que verificaron electrónicamente alguna contratación en el último año.
Para las empresas que usan E-Verify, la mayor motivación es el temor a las redadas de inmigración y no la represión estatal, ya que la participación en el programa ayuda a proteger a los empleadores de juicios federales por la contratación de inmigrantes ilegales. Ha sido en contra de la ley federal desde 1986 contratar deliberadamente trabajadores indocumentados. La redacción de la ley engendró una industria artesanal de documentos falsos, subcontratistas que ocupan a otros subcontratistas que contratan a más subcontratistas, y el uso de agencias y trabajadores independientes, protegiendo a los empleadores del conocimiento del estatus legal de un trabajador. Los críticos dicen que E-Verify fomenta la discriminación y está lleno de lagunas.
Las leyes generalmente requieren que los empleadores presenten declaraciones juradas que demuestren que se han inscrito en E-Verify para renovar sus licencias comerciales. Carolina del Sur es el único de los nueve estados privados de E-Verify que realiza auditorías. El Departamento de Trabajo, Licencias y Regulación del estado envía correos a aproximadamente el 2 por ciento de los empleadores cada año pidiendo listas de trabajadores y comprobantes de verificación. Alrededor de 17 por ciento de los auditados del año pasado estaban fuera de cumplimiento. El estado citó a mil 631 empleadores de 2013 a 2017. Ninguno fue castigado más allá de tener que presentar informes trimestrales por un año.
Muchos estados con leyes E-Verify construyeron las lagunas desde el principio, incluidas las exenciones para los trabajadores temporales (Carolina del Norte) y los trabajadores agrícolas, pescadores, mucamas y niñeras (Carolina del Sur). Los grupos empresariales lucharon por esas lagunas. “Fuimos nosotros contra la Cámara de Georgia, la Cámara de la zona metropolitana de Atlanta y las grandes firmas agrícolas”, comenta D.A. King, presidente de Dustin Inman Society, un grupo a favor de la aplicación de la ley que lleva el nombre de un adolescente asesinado en un accidente automovilístico en el que el otro vehículo era conducido por un ilegal. Georgia no implementa la obligatoriedad de E-Verify para el sector privado y tiene un consejo que escucha las inquietudes en el sector público. De las 22 quejas que recibió en seis años, 20 fueron de King.
Casi como evidencia de su propia futilidad, las leyes de E-Verify estaban ausentes de las recientes elecciones para gobernador de Georgia. A pesar de hacer campaña sobre lo duros que serían con los inmigrantes, ninguno de los candidatos hizo referencia a ellas. El ganador, Brian Kemp, publicó avisos diciendo que sacaría a los ilegales en su propia camioneta. “Hablaban de ciudades santuario y acorralaban a extranjeros criminales en un camión, todas estas distracciones”, comenta King.
“La causa principal de la inmigración ilegal es el empleo ilegal. Y ninguno de nuestros candidatos hizo algún comentario al respecto”.