○ El actual sexenio arrancó con la etiqueta de reformador y a unos meses de concluir, la historia es completamente distinta.
La actual administración federal arrancó como una de las más reformistas del mundo y concluye manchada por la corrupción y la derrota electoral.
El pasado 15 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto dio su último ‘grito’ en la fiesta de la Independencia.
Peña salió a tañer la campana de Dolores y a agitar la bandera nacional en el momento en que su popularidad está en uno de los niveles más bajos de toda su administración.
De acuerdo con Consulta Mitofsky, el porcentaje de aprobación del presidente fue apenas del 18 por ciento del total de los entrevistados.
Se trata del segundo porcentaje más bajo de todo el sexenio, solo arriba del 17 por ciento de febrero de 2017, tras haber ocurrido el llamado ‘gasolinazo’.
Peña Nieto comenzó su administración generando grandes expectativas. El porcentaje de aprobación obtenido en el arranque de su gobierno alcanzó el 54 por ciento. Hay que recordar que ganó la elección presidencial con un 38.2 por ciento de los votos emitidos.
Es decir, entre julio de 2012, en que ocurrió la elección presidencial y diciembre de ese año, su respaldo registró un incremento de 16 puntos, algo muy poco usual en la historia de la política mexicana.
Las primeras medidas de su gobierno llevaron el apoyo más allá. El máximo de aprobación fue obtenido en mayo de 2013, a los seis meses de su gestión, llegando al 57 por ciento.
Desde entonces la historia fue otra, a pesar de haber lanzado uno de los programas de reformas estructurales más ambiciosos en el mundo.
La primera de las reformas ocurrió en los últimos días del sexenio de Felipe Calderón: la reforma laboral.
El proyecto fue convenido entre ambos gobiernos y permitía la flexibilización de las formas de contratación laboral y restringía la litigiosidad entre los trabajadores y sus patrones.
La segunda gran reforma se procesó entre diciembre de 2012 y febrero de 2013. Se trató de la reforma educativa y obtuvo un respaldo prácticamente unánime de todas las fuerzas políticas apenas a semanas después de haberse anunciado el Pacto por México, que fue suscrito por el gobierno, el PRI, el PAN y el PRD.
La reforma se consolidó con la detención en febrero de 2013 de la líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, que abiertamente se oponía a ella.
Con esta secuencia de resultados, el gobierno de Peña propuso el 12 de agosto de 2013 una reforma constitucional que recuperaba las reglas para el sector privado en el sector energético, mismas que había establecido Lázaro Cárdenas en 1939 y que permitían algunas figuras para que interviniera el sector privado en la industria petrolera.
El PRD, uno de los firmantes del Pacto por México, no aceptó que la reforma energética incluyera modificaciones constitucionales y la rechazó.
Sin embargo, en diciembre de 2013, se logró su aprobación con respaldo del PRI, PAN y sus aliados.
Así, el gobierno empezó a distanciarse del PRD.
La administración de Peña Nieto ya antes se había alejado del PAN, que en octubre de ese año rechazó la reforma fiscal planteada por el gobierno, pero que logró el respaldo del PRD para poder ser aprobada.
El gobierno federal usó un importante capital político para hacer que las reformas avanzaran, pero eso le costó llegar a febrero de 2014 con un nivel de aprobación de solo el 48 por ciento y un rechazo del 51 por ciento.
Además, se fue fracturando la coalición que, de facto, permitió algunas de las reformas más importantes.
Aunque persistentemente los niveles de desaprobación superaron ligeramente a los de aprobación a partir de entonces, el gran cambio ocurrió apenas 10 días después de que Peña estuviera por segunda vez en el Zócalo de la Ciudad de México, encabezando los festejos de la Independencia.
El 21 de septiembre, hace cuatro años, estuvo en Nueva York participando en la Asamblea General de la ONU así como en otros foros políticos.
Quienes tuvimos la oportunidad de estar presentes en algunos de esos eventos nos sorprendimos de la extraordinaria recepción que tuvo, en su calidad de gran reformador. Era la cumbre de su administración.
El gran problema que dividió en dos el sexenio ocurrió apenas días después. El 26 de septiembre de ese año sucedieron los hechos en los que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pocas semanas después, el 9 de noviembre, estalló el escándalo por el inmueble que tenía la familia presidencial, denominado popularmente “Casa Blanca”.
A la vuelta de los años se puede percibir con claridad que, a partir de esos meses finales de 2014, el sexenio ya no volvió a ser el mismo.
La aprobación del presidente cayó a 40 por ciento en febrero de 2015 y su desaprobación ya estaba en 57 por ciento.
En las elecciones de julio de ese año, el PRI, sumando los votos de sus aliados del Verde y Panal, obtuvo el 41.88 por ciento de los votos emitidos, lo que parecía haber blindado a las fuerzas en el poder de la caída en los niveles de aceptación del presidente.
Lo que se vio, al paso de los meses, y sobre todo en 2016, es que no fue así.
En 2015 apareció por primera vez en una elección federal una fuerza política fundada en 2011 por Andrés Manuel López Obrador y que había obtenido su registro apenas en julio de 2014.
En esas elecciones obtuvo el 8.8 por ciento de la votación y se colocó como la cuarta fuerza política del país. No parecía ni lejanamente un partido con posibilidad de arrasar en una elección.
La caída en la aprobación presidencial continuó casi sin freno durante 2016, hasta llegar a la cifra más baja del sexenio, con un 17 por ciento en febrero de 2017.
En las elecciones locales de 2016 se observó claramente que el PRI fue el gran derrotado.
Aunque el tema de las reformas siempre estuvo presente en el discurso del presidente Peña Nieto, se observó que los resultados tangibles en el nivel de vida de la población eran escasos, quizás con la excepción del sector de telecomunicaciones.
En contraste, modificaciones como la liberalización de los precios de las gasolinas y el crecimiento de las cotizaciones en el mercado internacional, incrementaba fuertemente sus precios.
Del presidente que encabezó uno de los esfuerzos reformistas más profundos en el mundo se pasó a la imagen de quien encabezó un gobierno que no logró controlar la violencia creciente ni la corrupción.
El gran problema es que la apuesta sexenal ofrecía principalmente resultados favorables a largo plazo y, en contraste, costos en lo inmediato, lo que abrió la puerta para el triunfo electoral de López Obrador.
El margen tan amplio de ese triunfo hizo posible que hubiera una reversión de las reformas.
El sexto y último grito de Independencia de Peña está enmarcado en la reversión de la reforma educativa, objetivo explícito del nuevo gobierno y en la suspensión de las licitaciones para asignar áreas para que empresas diferentes a Pemex, entren a explorar y producir hidrocarburos.
Pero, además, se percibe el riesgo de un desmantelamiento de un esquema de regulaciones que promueve la competencia en áreas antaño monopolizadas por las empresas del Estado.
De un comienzo con todas las expectativas, a un final en el que la gran apuesta sexenal quedó derrotada.
Así fue el contexto del sexto y último ‘grito de Independencia’ del presidente Peña Nieto.