Airbnb tiene un enemigo muy complicado: Airbnb.
○ La compañía acepta las luchas que antes solía evitar con las ciudades en las que opera.
Hace dos años, Airbnb lo hacía por el compromiso. En varios de sus mercados más grandes, incluidos Londres, Ámsterdam y Nuevo Orléans, la compañía imponía límites locales en rentas a corto plazo. Los arrendadores en su plataforma solo podían ofrecer su propiedad durante, en algunos casos, 60 días al año. Airbnb Inc. incluso dejó su batalla legal en Nueva York y acordó trabajar con funcionarios para acabar con los anfitriones que operaban hoteles ilegales.
Hasta ahí su encanto. En estos días, Airbnb lucha contra Nueva York en tres casos separados sobre la extensión de la vigilancia municipal en las rentas. Disputas en California y Florida podrían fijar precedentes del poder de Airbnb y otras compañías en la llamada economía colaborativa para presionar a gobiernos locales y propietarios. Si bien Airbnb no es tan pendenciero como Uber Technologies Inc. bajo Travis Kalanick, algunos funcionarios dicen que cada vez es más difícil notar la diferencia y que cada día les parece más complicado trabajar con Airbnb.
“Ha sido una de las empresas más agresivas con las que he trabajado”, afirma Liz Krueger, una senadora estatal de Nueva York, quien patrocinó una propuesta de ley en 2010 para restringir las rentas a corto plazo. Krueger dice que su distrito está saturado de rentas ilegales, que significan una mayor molestia de los turistas y menos vivienda disponible para residentes. “Solo ha empeorado”, dijo Linda Rosenthal, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, cuyo distrito incluye el Upper West Side, al que Airbnb demandará por leyes a las que se opone incluso cuando sea poco probable que gane. “Tienen los bolsillos llenos, a ellos no les importa”.
Es difícil distinguir si la agresión paga, y la discordia complicaría el esfuerzo del director general, Brian Chesky, para que Airbnb llegue a la bolsa en 2019. La firma niega haber endurecido su estrategia. “Siempre hemos visto a los reguladores como socios, no adversarios, y nuestro trabajo colaborativo funciona”, afirmó su vocero, Christopher Nulty.
La estrategia dura comenzó en julio, cuando el Consejo Municipal de Nueva York aprobó una propuesta de ley que requería que las compañías que compartían hogares proporcionaran a los reguladores los nombres y direcciones de los anfitriones.
Airbnb no solo criticó la medida como una intrusión a la privacidad, el director de política global, Chris Lehane, experto en crisis de relaciones públicas y quien trabajó en la Casa Blanca de Clinton, dijo que los miembros del consejo eran “maleteros” y publicó un reporte en donde enlistó las donaciones que habían aceptado de la industria hotelera. Airbnb debate la norma en juicio. Bajo la nueva ley, la compañía podría perder la mitad de su negocio en Nueva York, que este año generaría 140 millones de dólares en reservaciones, según allegados al tema.
En la misma semana, cuando se enfrentó contra el Consejo Municipal, Airbnb dio el paso inusual de ayudar a financiar una demanda de un anfitrión en Brooklyn que acusó a funcionarios locales de tomar represalias en su contra por oponerse a las nuevas reglas. El hombre asegura que tras haber hablado, recibió multas de más de 30 mil dólares por rentar cuartos por una supuesta violación a las restricciones de renta de corto plazo. En el tercer caso, Nueva York demanda a Airbnb por no lograr cumplir con un citatorio para informar sobre sus ofertas.
Lehane, quien supervisa a unos 300 empleados y tiene un presupuesto de 85 millones de dólares, además coordina el Comité para Expandir la Clase Media que ha destinado dinero a luchas políticas en otras ciudades y así propagar el mensaje de que a los anfitriones de Airbnb no los alcanzarían reglas más duras. Krueger dijo que Airbnb es parte de una nueva ola de compañías tecnolibertarias que creen
que las reglas no aplican para ellos. El 12 de septiembre, Nueva York anunció una demanda contra tres individuos que la ciudad afirma que ganaron un millón de dólares por ofrecer hoteles ilegales en Airbnb y otros sitios. Nulty mencionó que la compañía trabaja para aprobar regulaciones estatales que endurecerían el control contra personas que sacan unidades de vivienda a largo plazo del mercado.
Bradley Tusk, exconsejero político de Uber y uno de los primeros inversores de Airbnb, dijo que la empresa esperó demasiado para contraatacar en Nueva York. “Airbnb permitió que el lobby hotelero se pusiera las pilas y que los funcionarios municipales aprobaran leyes que son un obstáculo”, dijo Tusk, quien aconsejó a Michael Bloomberg, propietario mayoritario de Bloomberg Businessweek, cuando era alcalde de Nueva York. “No me queda claro cómo, a la larga, Airbnb saldrá al Nasdaq si son prácticamente ilegales en Nueva York”.
Aunque Airbnb afirma en la demanda que presentó contra Nueva York en agosto que es inconstitucional recopilar datos de sus anfitriones sin su consentimiento, la compañía acordó hacerlo (con consentimiento de los usuarios) en San Francisco, luego que se enfrentó al mandato de la ciudad en una corte. Lehane dijo que ese pacto fue una victoria.
El argumento que Airbnb presentó contra San Francisco (que bajo la ley de la Decencia en las Comunicaciones de 1996, es que los negocios en línea no pueden hacerse responsables de usuarios sacando la vuelta a leyes locales) fracasó otra vez en marzo cuando le pidió a un juez de Los Ángeles descartar las restricciones de renta a corto plazo en Santa Mónica. En lugar de llegar a un acuerdo, Airbnb y su rival más pequeño, HomeAway, de Expedia Group Inc., exhortan a la Corte de Apelaciones de EU del Noveno Circuito a descartar las reglas de Santa Mónica. Los argumentos se presentarán en octubre. Mientras tanto, las ofertas sin autorización cayeron de 500 en noviembre, a 90 en julio, según el vicegerente municipal de Santa Mónica, Anuj Gupta, y las ofertas con autorización se han duplicado a 350. Airbnb dice que los casos de Nueva York y Santa Mónica no representan su expansión global.
El estatuto de 1996 también es un problema en las demandas contra Airbnb en Miami y Los Ángeles presentadas por Apartment Investment & Management Co. (Aimco), uno de los arrendadores más grandes. Aimco alega que la plataforma induce a los locatarios a violar sus contratos y subarrendar las unidades, lo que genera una serie de quejas de los vecinos. Santa Mónica, San Francisco y otras ciudades han alegado que la ley de inmunidad al internet no permite que los sitios web evadan responsabilidades de su participación en la facilitación de transacciones y recaudación de tarifas cuando esas acciones ayudan a los anfitriones a violar la ley.
Airbnb también ya causa indignación en otros países. Este año, Ámsterdam, Barcelona y París le han pedido a la Unión Europea comenzar a regular la plataforma.