○ Más allá del resultado de la consulta por el nuevo aeropuerto, el gobierno de AMLO ya tiene un problema entre manos.
Cualquiera que sea el resultado de la consulta para definir el futuro del proyecto, el gobierno de AMLO tendrá en sus manos un conflicto.
Enrique Peña Nieto estaba en la cúspide de su poder. Había procesado la reforma energética y logró un cambio constitucional que muchos pensaron que era imposible por el simbolismo que representaba para México el tema petrolero.
En ese contexto, el 1 de septiembre de 2014, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, dio a conocer que se construiría un nuevo aeropuerto en el Valle de México, que habría de ser edificado en el municipio de Texcoco.
En realidad, el proyecto venía gestándose desde el sexenio de Calderón, tras el intento fallido de lanzar este proyecto por parte de Vicente Fox en 2001.
Como el problema central con el que se atoró Fox fue la tierra, en la administración de Calderón mantuvieron la idea de tener una localización cercana a la del proyecto de 2001, pero en una zona en la que no hubiera ese conflicto.
Así arrancó en el gobierno la compra de terrenos y la habilitación de tierras federales.
Uno de los funcionarios responsables del proyecto me comentó que la única razón por la que Calderón no inició el aeropuerto fue porque, por su magnitud y duración, percibía que debía abordarlo un gobierno entrante y no uno saliente.
“Les dejamos la mesa puesta para que lo arrancaran en la primera parte del gobierno”, dijo.
Y así fue. El proyecto arquitectónico asignado fue el de Fernando Romero y Norman Foster, el afamado arquitecto inglés.
Todo parecía caminar sin problemas durante los primeros meses del proyecto, hasta que el 4 de noviembre de 2015, Andrés Manuel López Obrador, entonces líder del nuevo partido Morena, que se colocó como la cuarta fuerza política del país en las elecciones de aquel año, presentó objeciones al proyecto anunciado y propuso una opción: construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, que operaría a la par del aeropuerto actual.
La idea vino originalmente de un ingeniero agrónomo, Sergio Samaniego, quien la compartió con José María Riobóo, quizás el constructor de más confianza de AMLO.
La autoridad los escuchó en una reunión el 13 de noviembre de 2015 y los funcionarios de SCT desestimaron rápidamente la propuesta por considerarla aeronáuticamente inviable.
Lejos estaban de pensar que el político que promovía esa idea habría de convertirse en presidente de la República a partir del 1 de diciembre de 2018.
Más allá de otras consideraciones, la razón del rechazo al proyecto de operar simultáneamente dos aeropuertos en la Ciudad de México, tenía que ver con la incompatibilidad aeronáutica, es decir, con la intromisión de las trayectorias de aproximación en caso de una operación comercial que exija una alta intensidad de movimientos de despegues y aterrizajes.
Sin embargo, el triunfo electoral de AMLO cambió todo. Aunque durante la campaña expresó en diversas ocasiones que al ganar cancelaría el proyecto de Texcoco y lanzaría el
de Santa Lucía, tras el triunfo, matizó su decisión y marcó un proceso en el que habría una discusión pública respecto a los dos proyectos y luego una consulta que habría de determinar el sentido de la decisión.
El pasado 6 de agosto, al reunirse con diversas agrupaciones de ingenieros, les pidió públicamente apoyo para hacer un análisis de las dos propuestas.
Un mes después, el 6 de septiembre, las agrupaciones de ingenieros que fueron convocadas dieron su dictamen señalando que pese al reconocimiento de algunos problemas para el proyecto de Texcoco, era una mejor opción que Santa Lucía.
Diversos medios y casas encuestadoras realizaron sondeos para conocer la inclinación de la opinión pública. En la más reciente de El Financiero, el 62 por ciento estuvo a favor de continuar la construcción en Texcoco y 25 por ciento de mover el proyecto a Santa Lucía.
Sin embargo, al revelarse que la forma de consultar no será mediante encuestas sino a través de una consulta con urna y mesas de recepción, se abre la puerta para que eventualmente gane la opción que respalda el proyecto de Santa Lucía, al margen del respaldo al proyecto de Texcoco revelado por las encuestas.
Cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador realizó varias consultas populares, sin embargo, la mayoría de ellas las hizo a través de llamadas telefónicas.
Solo en el caso de la consulta relativa a la construcción de los segundos pisos se instalaron urnas y mesas de votación, en una consulta organizada por la autoridad electoral local. La participación fue de 754 mil personas.
La Fundación Arturo Rosenblueth, institución a la que se ha encargado el recuento de los votos por las opciones del aeropuerto, estima que podría recibir hasta 500 mil votos procedentes de todo el territorio nacional.
Esto representa el 0.6 por ciento del padrón electoral.
Si el resultado del ejercicio de consulta se inclina por detener el proyecto en Texcoco, se va a generar una crisis de confianza respecto al incumplimiento de contratos por parte de las empresas que ya los tienen asignados.
El propio equipo de transición ha estimado un costo de 120 mil millones de pesos, sumando la pérdida por lo ya construido y los castigos derivados de las cláusulas de incumplimiento.
Pero esa cifra no contempla, por ejemplo, el daño reputacional para el gobierno mexicano, que puede implicar una cantidad mucho más elevada.
Si el resultado del ejercicio indica que gana la opción de Texcoco, el equipo de transición se va a enfrentar al rechazo activo de diversas organizaciones que ya han dicho que si gana esa alternativa en la consulta no van a reconocer el resultado.
Pareciera que, en cualquiera de los dos escenarios, el futuro gobierno de AMLO va a tener costos financieros y políticos.
El tema del nuevo aeropuerto está lejos de ser simplemente un asunto de localización de un proyecto importante de infraestructura. Se trata también de un asunto emblemático que puede ser altamente indicativo del sentido que puede tener el gobierno de López Obrador.
Una de las cosas que puede indicar el resultado es lo que ocurre al interior del equipo de transición.
Existe la percepción de que en el seno del grupo hay quienes están especialmente preocupados por el impacto que las decisiones del nuevo gobierno federal puedan tener en los mercados internacionales.
De por sí, el entorno externo, con tasas de interés al alza, le pone dificultades adicionales a la nueva administración, como para que además, se involucre rápidamente en conflicto con los mercados.
Esa circunstancia podría ser potencialmente desastrosa para el nuevo gobierno.
Sin embargo, hay otro grupo que pondera las circunstancias de manera diferente y que piensa que lo que sería terrible para el nuevo gobierno es chocar con grupos sociales que se han opuesto al aeropuerto.
A ese grupo, definitivamente, no le importan demasiado los impactos en los mercados.
El gobierno de AMLO probablemente esté caracterizado por la tensión entre dos visiones. Por esa razón resulta tan importante el resultado de la discusión respecto al aeropuerto.
Al optarse por la consulta con mesas de votación como mecanismo de decisión, pareciera que, por lo pronto, va ganando la corriente que quiere echar para abajo el proyecto en Texcoco, sin importar las consecuencias que haya.
Veremos el desenlace en los siguientes días.