Knocout a Sulaimán
Convertido en un adorador del pasado, el empresario Héctor Sulaimán Saldívarcomenzó a buscar a personajes de la cuatroté para que lo acerquen a la Jefa del SAT, Raquel Buerostro, pues la empresa Rapiscan Systems, de la que mueve sus intereses financieros fue penalizada con 7.5 millones de pesos por incumplir con el servicio en las aduanas del país. Su desesperación lo lleva a buscar contactos de alto nivel para mantener a esa empresa a flote en los concursos de licitación; sin embargo, el tema de seguridad nacional se complica.
El empresario aún vive en el pasado cuando esta empresa alcanzó contratos millonarios por adjudicación directa para la proveeduría del Servicio de Dictamen de Imágenes de Revisión No Intrusiva. Pero sus intereses e influencias, ahora, se quedan cortos y comienza a ser uno de los empresarios incómodos.
Aunque Rapiscan Systems se empeña en proveer nuevamente al gobierno federal de la detección de mercancías, vía rayos X en las aduanas del país, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, sabe que la firma no es una opción viable. Desde 2018, se le encomendó la tarea considerada como de seguridad nacional, pero su falta de pericia la trajo penalizaciones por 7 millones 562 mil 189 pesos.
Se trató de deductivas por incumplimiento en la disponibilidad, entrega y calidad del servicio, dio a conocer en respuesta a una solicitud de información la Administración Central de Fideicomisos, adscrita a la Administración General de Recursos y Servicios del SAT.
De esta manera, el camino de Rapiscan y su promotor Héctor Sulaimán se encuentra empedrado. De acuerdo con el expediente de la contratación, a través de una solicitud de cotización, el viernes 22 de diciembre de 2017, la Administración Central de Fideicomisos, pidió a Rapiscan enviar una propuesta económica y técnica en cuatro días naturales, es decir, el martes 26 de diciembre. Pero hizo llegar su oferta y el 29 de diciembre, se le comunicó la asignación. El 12 de enero de 2018 las partes formalizaron el instrumento que tenía como principal objetivo fortalecer la seguridad nacional con la detección de armas, dinero o drogas.
La vigencia sería de enero de 2018 a enero de 2020, pero se firmaron dos convenios modificatorios, el CS-300-AD-I-P-FC-069/17C01 y el CS-300-AD-I-P-FC069/17C02 para ampliar el plazo hasta junio de 2020. En total, el SAT erogó 3 mil 442 millones 78 mil 337 pesos, IVA incluido, por la operación y mantenimiento de equipos; la gestión de recursos humanos (dictaminadores); la transmisión, el almacenamiento y el análisis e interpretación de las imágenes generadas por los 42 equipos de rayos X de la marca Rapiscan, propiedad del SAT.
Además de la rara adquisición exprés, según consta en el contrato, Rapiscan manifestó que no contaba con personal dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para la prestación del servicio, por lo que lo proporcionaría a través de otra empresa, S2 Screening Solutions S.
Pero pese al elevado costo, la empresa no logró contener el tráfico ilícito de mercancías en las aduanas. La Secretaría de la Defensa Nacional considera que alrededor de 200 mil armas entran de contrabando al país cada año. Mientras que de acuerdo con la investigación judicial SZC/0011495/2018, de la que han dado cuenta diversos medios, al menos 80 mil vehículos habrían entrado al país de manera ilegal presuntamente por medio de una red de corrupción.