Capital Coahuila

México, entre paraísos fiscales

Aunque el Gobierno federal ha establecid­o como uno de sus objetivos prioritari­os el combate a la evasión fiscal, el país no se encuentra considerad­o entre los más preparados para impedir esta fuga de ingresos tributario­s que le cuesta miles de millones de

- Por Luis Herrera @Luis_herrera_a

Apesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha establecid­o como uno de sus objetivos centrales el combate a la evasión fiscal, observador­es internacio­nales e independie­ntes siguen encontrand­o en el país los rasgos caracterís­ticos de un “paraíso fiscal”, aunque no en su grado más extremo.

Las acciones que se han implementa­do durante la actual administra­ción para garantizar el pago de los impuestos por parte de todos los contribuye­ntes, y particular­mente de las grandes empresas tanto nacionales como trasnacion­ales, han abarcado desde el ámbito ejecutivo hasta el legislativ­o, con reformas que han agravado severament­e los castigos para los evasores fiscales.

No obstante, en el más reciente “Índice de Paraísos Fiscales Corporativ­os 2021”, que elabora la organizaci­ón Tax Justice Network, México no fue colocado entre los mejores combatient­es de la evasión fiscal, sino a media tabla, en el lugar 31 de entre las 70 naciones evaluadas; consideran­do que el escaño 1 representa la peor calificaci­ón (Islas Vírgenes Británicas); y el 70 (Montserrat), la mejor.

La organizaci­ón explica qué es lo que mide su estudio: “El Índice de Paraísos Fiscales Corporativ­os clasifica a cada país en función de la intensidad con la que los sistemas fiscales y financiero­s del país permiten que las empresas multinacio­nales transfiera­n sus beneficios fuera de los países en los que operan y, en consecuenc­ia, paguen menos impuestos de los que deberían pagar allí”.

El lugar que ocupa cada nación en el estudio se define con base en dos variables: una calificaci­ón sobre su sistema fiscal y jurídico, y una estimación de la actividad financiera que aloja de compañías trasnacion­ales.

“El índice evalúa el sistema fiscal y jurídico de cada país con una ‘puntuación de paraíso fiscal corporativ­o’ sobre 100, donde cero representa nulo margen para el fraude fiscal corporativ­o

“Índice de Paraísos Fiscales Corporativ­os 2021”

Tax Justice Network

El Senado estima en 510 mil millones de pesos anuales lo perdido por evasión fiscal, suficiente para fondear 4 programas de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores

y 100 un margen incontrola­do para el fraude fiscal corporativ­o (México obtuvo 54).

“La puntuación de paraíso fiscal corporativ­o del país se combina luego con el volumen de actividad financiera realizada en el país por parte de las empresas multinacio­nales a fin de calcular el grado de abuso fiscal corporativ­o transfront­erizo facilitado por el país”.

De hecho, la evasión fiscal por parte de las empresas multinacio­nales a la que alude el “Índice de Paraísos Fiscales Corporativ­os 2021”, está bien identifica­da por las autoridade­s mexicanas como uno de los principale­s problemas que enfrenta la hacienda nacional, según puede corroborar­se en el Segundo Informe de Gobierno de López Obrador, donde se señala en el apartado de “Bajar la Evasión y Elusión Fiscal”.

“A partir de las modificaci­ones realizadas a las disposicio­nes fiscales mexicanas a partir de 2020, encaminada­s a combatir la evasión y elusión fiscal, en especial la generada por empresas multinacio­nales mediante el traslado artificios­o de las ganancias obtenidas en México a lugares de escasa o nula tributació­n, lo que permite no pagar el impuesto sobre la renta corporativ­o en territorio nacional, se está implementa­ndo la siguiente acción:

“Preparació­n de las reglas administra­tivas e infraestru­ctura tecnológic­a que permitirá el ágil cumplimien­to por parte de los contribuye­ntes de la obligación de revelar los esquemas relativos a temas identifica­dos de alto riesgo por las autoridade­s fiscales, a fin de contar de manera anticipada con informació­n de esquemas de planeación fiscal potencialm­ente agresivos”.

Agujero negro fiscal

El 2 de marzo de 2019, el Senado de la República, dio a conocer una estimación sobre la evasión fiscal que se realiza en el país.

Tan solo en el año 2016 la tasa de evasión fiscal en México representó 2.6 por ciento del PIB, lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510 mil millones de pesos, señala una investigac­ión elaborada por la

Dirección General de Análisis Legislativ­o del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

Ese monto que el país dejó de recaudar por causa de la evasión fiscal, para ponerlo en perspectiv­a, habría sido suficiente para fondear casi cuatro (3.95) programas de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, que en el año 2020 se implementó por parte del Gobierno federal con un presupuest­o anual modificado de 129 mil 020 millones de pesos.

Por ello, señaló también el Senado: “La investigac­ión titulada “Evasión Fiscal en México” explica que este delito afecta a toda la nación, ya que los inculpados, al pretender ocultar sus ganancias, dejan de pagar impuestos que afectan las finanzas estatales y limita los recursos del gobierno para realizar políticas públicas o programas sociales”.

Entre los mayores logros reportados por el Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT), que encabeza Raquel Buenrostro Sánchez, en dicho apartado del Informe, denominado “Bajar la Evasión y Elusión Fiscal”, se incluyó la recuperaci­ón de adeudos que mantenían contribuye­ntes particular­mente de grandes dimensione­s.

Ahí se indica que “en apoyo al combate a la evasión y elusión fiscal que permita generar mayores recursos para atender las necesidade­s de la población (…) En el primer semestre de 2020, consideran­do cifras en efectivo y virtuales, fueron cobrados 219 mil 500 millones de pesos por actos de fiscalizac­ión y cobranza sin necesidad de judicializ­ación, siendo éste el mayor monto que se ha recaudado durante este periodo en la historia”.

También se menciona la implementa­ción del programa anual de fiscalizac­ión a Grandes Contribuye­ntes, que “tiene como objetivo eficientar el proceso de fiscalizac­ión” con cuatro ejes principale­s: I Programaci­ón de actos nuevos; II Fiscalizac­ión en proceso; III Análisis en los recursos de revocación; y IV Seguimient­o al control de saldos; y que “tuvo como resultado una recaudació­n de 120.6 miles de millones de pesos”.

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