Franja de fuego
En un reciente diagnóstico de riesgo para los comicios del 2 de junio, la franja sur-sureste del país se encuentra en focos rojos para las autoridades electorales. Los estados gobernados por los morenistas Layda Sansores, de Campeche, Carlos Manuel Merino, de Tabasco, Rutilio Escandón, de Chiapas, y Evelyn Salgado, en Guerrero, tienen una crisis aguda de seguridad y amaga con lastimar el llamado a las urnas.
A la tensión de inseguridad en esos cuatro estados, se le observa —según los analistas— como una franja de estados colindantes con elementos políticos y sociales con altos niveles de crispación, peligrosa para los candidatos y de fragilidad para celebrar elecciones libres. El resultado es un caldo de cultivo propicio para ensuciar los comicios, los resultados y dar paso al descrédito del partido en el poder.
La acción deliberada de tener ingobernabilidad por parte de los cuatro mandatarios es abrirle paso al abstencionismo y promover que solo el voto duro que tiene el partido guinda se mueva el día de la elección por compromisos adquiridos de candidatos y las bases del partido que aglutinan. Es la teoría de fraguar un fraude a través del miedo. Si se desincentiva la participación plural de los ciudadanos se quiebra la autoridad moral de Morena y su valor democrático.
Y es que, en esta compleja circunstancia, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Orador tiene que garantizar, porque es su responsabilidad la seguridad de las candidatas, de los candidatos, que haya elecciones seguras y evitar la sospecha de una operación turbia por parte de los gobernadores a través de una crisis generada para favorecer el voto duro del partido en el poder.
En esencia en un régimen democrático, las elecciones se ganan o se pierden, es la voluntad de la gente la que determina y eso es lo que tiene que garantizar el gobierno.
Aun así en esta fragilidad en materia electoral, el ambiente de inseguridad para los ciudadanos y para los políticos en campaña es riesgoso. Según la empresa Integralia, de septiembre de 2023 a la fecha contabilizamos 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. Al menos, hay un aspirante agredido cada cuatro días. Con estos datos, a 66 de los comicios se avanza por un camino peligroso.
Los cuatro gobernadores de Morena ubicados en la zona sur-sureste se convierten en sembradores de miedo por omisión. Mientras, el crimen organizado vuelve esa región en una tierra sin ley y en la que pasa de un estado a otro desde 2023 cuando su presencia arreció y protagonizó acciones violentas, la participación ciudadana se quedará trunca. No hay garantías para unas elecciones sin la huella de la incertidumbre.
Morena se encuentra en la posición más incómoda de su historia. Da paso al tránsito democrático y los gobernadores pacifican las entidades antes del 2 de junio o se convierte en un partido de Estado que trabaja para su beneficio político-electoral, y trasgrede su esencia de sed democrática exigida desde 2006.