Prevaricación, acoso y opacidad, los otros problemas
En febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa para establecer que los jueces, ministros y magistrados sean elegidos mediante el voto ciudadano Lo único que cambiaron fueron los AKƒ47 de los narc
cargo, dos por cada Poder de la Unión.
El proyecto de AMLO ha motivado un continuo debate público y político en torno a la autonomía de la SCJN, la corrupción y las condiciones de acceso a la justicia en México, sin embargo, para Jjesús Lemuselproblemaesmáscomplejo y la continua discusión del tema podría generar una distorsión del problema.
“La forma en la que lo está planteado el presidente, de una reforma al Poder Judicial, a partir de lo que está viendo él, es con tintes políticos, no es tan sustancial como realmente lo requiere la sociedad, la gente requiere la aplicación de justicia. No está aplicándose ninguna justicia, se está administrando la justicia, porque una cosa es aplicar y otra cosa es administrar”, acusa el periodista.
En este sentido, Lemus añade que, de lo más grave que impera en las instancias judiciales, es lo que se conoce como prevaricación, un delito que consiste en que un juez dicte una sentencia a sabiendas de que la resolución no está bien fundamentada en el marco jurídico o es injusta.
“López Obrador nada más habla de una corrupción a nivel de sueldos, a nivel de ideicomisos o a nivel de una clase privilegiada, la que opera el Poder Judicial, pero la verdad es que hay mucho más corrupción. Hay jueces que están ligados con el narcotrá ico, que están vendidos con empresas de carácter internacional, que han convertido la administración de los recursos como si manejaran su propio dinero.
“Hay tribunales en donde el erario que tiene el tribunal para su operación, el magistrado lo utiliza como un fondo de préstamo para sus trabajadores y cobra intereses usureros; hay casos muy graves de violación y acoso sexual cometidos contra trabajadoras, lo más grave es que los magistrados y los jueces involucrados en este tema ni siquiera son llevados ante la justicia, no se les abre un proceso penal, simplemente se les cambia de adcripción”, declara.
De este modo, subraya que, más allá de una medida populista a nivel legislativo, se requiere la integración de una nueva ley dentro del Poder Judicial, así como un nuevo Consejo de la Judicatura Federal donde se plantee una renovación moral y ética de los jueces, para lo que es indispensable poner mayor atención en la formación judicial que esté exenta de injerencias partidistas.
“Si los funcionarios públicos pusieran atención a lo que estamos todos los días haciendo los periodistas y, si el Estado y sus funcionarios fueran más receptivos a la información que se genera, otra cosa sería, lo que pasa es que hoy tenemos un Estado sordo, ciego y mudo que solamente hace lo que quiere y a los periodistas solo nos tomanencuentaparasuhegemonía de poder”, concluye.
J. Jesús Lemus Periodista