Ayotzi-trampa judicial
Se ha prolongado por varias semanas un diferendo insólito, enconado, casi único en la historia mexicana, entre jueces y procuradurías, auxiliadas éstas por el Ejército, la Marina, procuradurías estatales e inclusive la Presidencia de la República, confrontación jurídica y mediática que amenaza con prolongarse sin solución durante los cuatro meses que le restan al actual gobierno de Enrique Peña Nieto.
El intento, desde el Ejecutivo, de anular por todos los medios una sentencia de un tribunal colegiado de Tamaulipas que ordenó a la Procuraduría General de la República reponer la investigación sobre los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace ya casi cuatro años, más se asemeja a un sabotaje que a los alegatos de “imposibilidad jurídica y económica” de volver a hacer la investigación sobre el crimen de lesa humanidad más paradigmático de la impunidad generalizada en décadas.
La confrontación es tal, que algunos asuntos tendrán qué ir a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Por ello, los padres de los normalistas dijeron que los ministros del máximo tribunal deben ser valientes, no plegarse a las obvias presiones del Ejecutivo y estar “del lado de la verdad y de las víctimas”.
Todo comenzó hace casi dos meses, cuando los tres jueces del Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, concluyeron que la investigación de seis muertes de personas y la desaparición de otras 43 la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”; hay indicios suficientes para presumir que confesiones e imputaciones de muchos de los 130 detenidos hasta hoy fueron obtenidas por torturas e intimidaciones, tal como ya lo había denunciado Naciones Unidas.
Por tanto, el tribunal ordenó a la PGR volver a investigar en líneas que nunca se siguieron y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, con el fin de conducir las pesquisas con una nueva óptica y autonomía.
Esto no le agradó a la PGR, la cual fue secundada inmediatamente por todas las procuradurías estatales. Les pareció una intromisión flagrante del tribunal en asuntos que sólo corresponden al Ministerio Público. Luego se interpusieron amparos y otros alegatos, hasta sumar más de 100, para ahogar en papel y juicios prolongados a “los tres valientes jueces” que decidieron hacer prevalecer justicia sobre “verdad histórica”.
Un comunicado de padres y madres de los normalistas expresó: “Estamos denunciando los recursos presentados por instituciones como el Ejército y la Marina contra la sentencia del Tribunal Colegiado. Si nada temen, ¿por qué están en contra de que se investigue?”, preguntaba Blanca Nava, madre del normalista Jorge Álvarez.
La andanada de las instituciones –el cártel encabezado por la Presidencia de la República, ironiza el abogado Raúl Jiménez Vázquez– ”ha hecho valer más de 100 chicanas dignas de litigantes fraudulentos”. Es una gran “Ayotzitrampa”, digo yo, donde el Ejecutivo quiere vencer aunque no convenza.
Familiares de los 43 normalistas urgieron al próximo gobierno para que convoque a reuniones donde establecer estrategias y trabajo. Tienen “esperanza” en el ofrecimiento de una Comisión para la Verdad que hizo el equipo de Andrés Manuel López Obrador. No hay que comenzar de cero. Debe retomarse la ruta trazada por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que la PGR ignoró en lo sustancial.