Van por Castillo
Debido a presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, el presidente de Perú recibió una denuncia constitucional; un proceso que deberá analizar el Congreso para confirmar los señalamientos o descartarlos en una investigación que está lejos de terminar en el corto plazo
El presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta un nuevo reto: una denuncia constitucional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Patricia Benavides, fiscal de la Nación, fue quien el pasado martes presentó la denuncia contra el jefe de Estado mediante un escrito que fue ingresado a la mesa del Congreso; organismo que de ahora en adelante se encargará del caso del izquierdista.
“El Ministerio Público cumplió con su trabajo al investigar de manera objetiva e imparcial. Desde este momento, es responsabilidad exclusiva del Congreso de la
República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional”, detalló a Canal N la fiscal Marita Barreto, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción.
Según la fiscal Benavides, los señalamientos contra el mandatario se sustentaron con el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y en el uso ilícito de las facultades presidenciales.
Ante estas acusaciones, Castillo declaró a la prensa nacional que se trataba de “una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú” con eventos creados y utilizando políticamente al Ministerio Público para hacerle creer al país que lideraba una red criminal, la cual rechazó rotundamente.
Asimismo, vía redes sociales responsabilizó a la Fiscalía de la Nación por la salud de su madre, quien fue llevada a un hospital luego de que trabajadores del Ministerio Público ingresaran a casa de su hermana Gloria, donde ahí se encontraba.
Al cierre de esta edición, el Ministerio Público de Perú había detenido a cinco exasesores de Castillo y allanó las oficinas y domicilios de seis parlamentarios relacionados con el caso.
De acuerdo con el informe La responsabilidad Constitucional del presidente de la República, publicado en abril de este año por el organismo autónomo Defensoría del Pueblo, el acusado tiene derecho a la defensa por sí mismo y con asistencia de un abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso, como así lo indica el Artículo 100 de la Constitución.
En caso de que se le encuentre culpable, se especifica que el funcionario acusado será destituido o quedará inhabilitado para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años.
Antes de llegar a una sentencia, el Congreso tendrá que determinar bajo qué procedimiento se analizará el caso de Castillo: bajo un juicio político o impeachment, o con el modelo de antejuicio.
Mientras que la primera modalidad se emite en caso de una infracción constitucional, recibiendo sanciones de destitución e inhabilitación política, la segunda por delitos cometidos en
Ante las acusaciones en su contra, Pedro Castillo declaró que se trataba de ‘una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú’
Con esta denuncia el presidente suma un señalamiento más a las seis investigaciones abiertas que actualmente hay en su contra
No creo que esto se resuelva en cuestión de semanas, sino que tomará unos meses llegar a un desenlace definitivo. Algunos incluso hablan de dos a tres años. Mientras tanto, habrá un debate político y jurídico en Perú”
Rafael Flores Bañuelos
Especialista en América Latina y el Caribe en la FES Acatlán
el ejercicio del cargo, lo cual es castigado con la suspensión del puesto del alto funcionario. Con esta denuncia, el presidente Castillo suma un señalamiento más a las seis investigaciones abiertas que actualmente hay en su contra, algunas de las cuales iniciaron en cuanto tomó posesión en julio de 2021.
Momento de esperar
En caso de que el Congreso decida destituir al presidente Pedro Castillo, la crisis política en Perú se agudizaría, tomando en cuenta que los últimos seis jefes de Estado no han podido concluir su mandato por diversas acusaciones, entre ellas la corrupción.
Rafael Flores Bañuelos, doctor en Relaciones Transpacíficas y especialista en América Latina y el Caribe en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, opina que por ahora sólo queda observar cuidadosamente qué hará el Congreso ante el caso de Castillo.
“Se trata de observar cuidadosamente qué va a hacer el Congreso peruano con la acusación de la Fiscalía de la Nación, porque por un lado puede desechar la denuncia o investigar y derivar una acusación”, menciona. Para él, es esencial que se ahonde en los señalamientos emitidos por la fiscal de la Nación y se analice sobre todo a todas las figuras a las que presuntamente se les desvío recursos.
“No creo que esto se resuelva en cuestión de semanas, sino que tomará unos meses llegar a un desenlace definitivo. Algunos incluso hablan de dos a tres años. Mientras tanto, habrá un debate político y jurídico en Perú descalificando a la fiscal Benavides, acusándola de ser partidaria de los conservadores y también de haber realizado actos de corrupción”, añade el especialista.
En lo que respecta a la postura del presidente Castillo, se espera que continúe con un perfil firme como hasta ahora, defendiendo su no participación en las acciones que lo acusan y deslindándose de ciertos personajes políticos y familiares que han tenido roces con las autoridades.
“Este tema no es una novedad en Perú. De pronto para nosotros en México que no tenemos una Fiscalía autónoma que emite denuncias contra los gobernantes es algo fuerte, pero allá ha sido relativamente constante. Sin embargo, denota un trastorno a la paz social, económica y política del país”, subraya Flores Bañuelos.