‘Ciberprotección’, para diciembre
El senador Ricardo Monreal insiste en la urgencia de aprobar la Ley General de Ciberseguridad para blindar información clasificada como de Seguridad Nacional
El senador Ricardo Monreal Ávila se comprometió a que el Pleno apruebe la Ley General de Ciberseguridad antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, en diciembre, con el fin de establecer y distribuir debidamente las competencias y bases de coordinación entre la Federación, los estados y municipios en esa materia.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado destacó que este tema es de la mayor relevancia para la estabilidad del país, “pues tiene que ver con la protección de datos e información clasificada como de Seguridad Nacional, que se encuentra resguardada por instituciones que son esenciales para la soberanía”.
Tras insistir en que este ordenamiento debe ser una prioridad para el Congreso, denunció que los hackeos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “son sumamente delicados”, por lo que es conveniente legislar al respecto.
Se trata de una llamada de alerta “para que aceleremos el proceso de legislación en materia de ciberseguridad, a fin de proteger la información y los datos que son resguardados tanto por dependencias públicas como por instituciones privadas, económicas y financieras”.
Ricardo Monreal advirtió que en el primer trimestre de 2022, en México se registraron 80 mil millones de intentos de ciberataques, que representan más de la mitad de los que se dieron durante 2021, cuando se detectaron 156 mil millones de intentos para sustraer información de manera ilegal.
En 2021, Ricardo Monreal aseguró que la legislación mexicana requería de ajustes que la coloquen en una línea de vanguardia para investigar la violación de la privacidad en contra de usuarios de medios digitales por agentes cuyos servidores tecnológicos estén ubicados fuera del territorio nacional.
“Considerando que el espacio digital no se encuentra delimitado por fronteras físicas, ni siquiera jurídicas integrales, se trata de un campo desregulado, y resulta indispensable la colaboración entre naciones, pero también entre gobiernos y las grandes compañías digitales a fin de generar certidumbre entre las personas usuarias de que su información no será utilizada de forma indebida”.