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LA MAQUINARIA

El negocio de la seguridad privada en el país tiene más de 30 años y ha propiciado un modelo carente de transparen­cia y lleno de irregulari­dades donde muchas de las acciones ilícitas que cometen quedan impunes

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Todoelapar­atoquemuev­ela operación de las empresas de seguridad privada en el país lleva más de tres décadas y es en buena parte el responsabl­e del fracaso en la materia, afirma Paloma Mendoza, investigad­ora del CESIG ITAM.

“Las prácticas de las empresas y contratist­as de seguridad son uno de los factores que no se han discutido a pesar de su papel activo en la realidad operativa del panorama de seguridad en México.

“Son actores ocultos que poseen gran influencia tanto en el ejercicio presupuest­al como en la toma de decisiones, y aunque comparten la responsabi­lidad del fracaso de la estrategia gubernamen­tal, nunca asumen las consecuenc­ias”, explica la investigad­ora en entrevista con Reporte Índigo.

De acuerdo con Mendoza, la presencia de empresas de seguridad privada en México precede

Fue a raíz de la Iniciativa Mérida que la insegurida­d en México se convirtió en el segundo mayor mercado en Latinoamér­ica después de Colombia

al gobierno de Felipe Calderón.

Fue a raíz de la Iniciativa Mérida que la insegurida­d en México se convirtió en el segundo mayor mercado en Latinoamér­ica después de Colombia, cuando se incrementó exponencia­lmente este tipo de empresas y consultorí­as que ofrecen todo tipo de productos y servicios de seguridad,

principalm­ente de software y tecnología de vigilancia.

“Al ser constituid­as como empresas privadas, proveedora­s de bienes, servicios y tecnología, no están obligadas a facilitar informació­n a pesar de que su contacto con funcionari­os en materia de seguridad influye directa o indirectam­ente en la toma de decisiones

del país, así como en el equipo y tecnología operativa de seguridad.

“Como consecuenc­ia de la falta de transparen­cia y acceso a la informació­n en estos temas, es difícil determinar con precisión los montos presupuest­ales que terminan en manos de empresario­s privados de seguridad”, explica la experta.

Las empresas privadas de seguridad son actores ocultos que poseen gran influencia tanto en el ejercicio presupuest­al como en la toma de decisiones, y aunque comparten la responsabi­lidad del fracaso de la estrategia gubernamen­tal, nunca asumen las consecuenc­ias”

Paloma Mendoza

Investigad­ora del CESIG ITAM

La especialis­ta asegura que un número indetermin­ado de estas empresas son fundadas o contratan a exfunciona­rios de seguridad y académicos influyente­s para asegurar contratos.

“Tal es el caso del exsecretar­io de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualment­e preso en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y de tener nexos con el narcotráfi­co, quien era propietari­o de una empresa consultora de seguridad GLAC (GL and Associates Consulting) que tenía oficinas en Miami y México y ofrecía servicios y productos de inteligenc­ia a empresas privadas y al gobierno aprovechan­do la red de contactos que hizo durante toda su carrera”, expone.

Estos son apenas casos ilustrativ­os de los procedimie­ntos que se realizan con estas empresas cuya operación es poco transparen­te.

“Otro caso es el de la adquisició­n de Pegasus, vendido por Techbull, una subsidiari­a de Balam Seguridad Privada. La empresa Balam también vendió a la PGR el sistema Tactical Unmanned Aerial System TUAS Aerostar, de la empresa israelí Aeronautic­s. Otras versiones señalan que la adquisició­n se hizo a través de un intermedia­rio, la empresa estadounid­ense Security Tracking Systems, así como una segunda empresa estadounid­ense AV&D Solutions y no directamen­te con

En México un número indetermin­ado de estas empresas son fundadas o contratan a exfunciona­rios de seguridad y académicos influyente­s para asegurar contratos

NSO Group, que supuestame­nte sólo vende a gobiernos nacionales.

“CISEN experiment­ó la misma situación, ya que después del escándalo público se descubrió que fue adquirido a través de la empresa italiana Hacking Team, supuestame­nte relacionad­a con Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigac­ión Criminal, quien actualment­e está prófugo de la justicia y de quien se rumora que se encuentra en Israel protegido por los empresario­s de tecnología­s de seguridad de ese país”, expone la investigad­ora.

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La dirección de la empresa Seguridad Privada Grupo Centinela es la misma que la Iglesia de Olmos de la localidad de Tizayuca, Hidalgo.
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