Capital Estado de Mexico

RESPONSABI­LIDAD SOCIAL

Dificultad­es como el acceso a comida saludable o la carencia de agua potable en muchas regiones del país, dificulta que en las escuelas se pueda garantizar a los alumnos productos que no tengan un alto contenido de azúcar o grasa

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Ya tenemos al menos dos décadas de alerta sanitaria emitida por el Instituto de Salud Pública por el cambio en la talla y peso de niñas y niños, particular­mente en los últimos 10 años, además de problemas de nutrición en dos sentidos: desnutrici­ón y sobrepeso u obesidad

Juan Martín Pérez García

Coordinado­r de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe

En el 98 por ciento de los centros educativos se ofrece comida alta en azúcar, sodio y grasa, mientras que en el 75 por ciento no hay frutas y verduras para los estudiante­s

De acuerdo con los reportes queelpoder­delconsumi­dor y Redim recibieron hasta el ciclo escolar 2018-2019, último antes de la pandemia de COVID-19, la venta de refrescos persistió en el 74 por ciento de las escuelas del país.

Enel98porc­ientodeest­oscentros educativos se ofreció comida alta en azúcar, sodio y grasa, mientras que el 75 por ciento no ofrecía fruta y verdura a los estudiante­s.

Solo en el 44 por ciento de las instalacio­nes estaba disponible agua simple gratuita para los estudiante­s.

Aunque la ley prevé que cada escuela debe contar con un comité de vigilancia que procure la venta de comida saludable, en el 94 por ciento de los planteles no existía esta figura de supervisió­n.

“Tenemos que ser mucho más exigentes con el cumplimien­to de las leyes. Hasta ahorita hay impunidad, o sea está la ley, está, entre comillas, la supervisió­n, que prácticame­nte no existe, pero incluso en aquellos casos que las familias y los propios estudiante­s, junto a organizaci­ones, han documentad­o y denunciado, no hay ningún tipo de sanción como está establecid­o en la norma”, asegura al respecto Juan Martín Pérez García, coordinado­r de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.

Las organizaci­ones que siguen de cerca el desarrollo e implementa­ción de políticas públicas referentes a la alimentaci­ón saludable en escuelas de educación básica, señalan el papel que la industria de los alimentos y bebidas con alto contenido de grasa, sodio y azúcar ha tenido en la prevalenci­a de estos alimentos en los centros educativos.

“Los gobiernos no tomaron la decisión de regular, sino que dejaron a la autorregul­ación de las empresas, las cuales no lo hicieron, sino que estuvieron simulando y modificand­o la presentaci­ón de productos para no perder ventas.

“Sin embargo, se ha avanzado en la normativa con el etiquetado frontal de productos, que va aumentando aunque hay algunas burlas que logran hacer las empresas”, menciona Pérez, quien fue director de la Red por los derechos de la Infancia en México (Redim), una de las organizaci­ones que impulsa el cambio de paradigma alimentici­o en las escuelas.

Otro de los problemas por resolver señalado por Pérez García, es la facilidad con la que se consigue un alimento “chatarra”, mientras que conseguir comida que se ajuste a una dieta saludable implica más esfuerzo y dinero.

“Una más de las dificultad­es es ¿cómo ayudamos a niñas, niños y sus familias a regresar a una dieta saludable? Porque lo más barato, lo más accesible es comida chatarra y bebidas azucaradas. Hace poco, el Instituto Nacional de Salud Pública, señaló que para poder comprar una bebida azucarada o comida chatarra se tiene que caminar menos de un kilómetro, mientras que para adquirir la dieta de milpa; que serían frutas, verduras, entre otros alimentos, se tienequeca­minarde4a1­0kilómetro­s. Esos son elementos que dificultan o hacen complejo que los individuos se incorporen a una dieta saludable.

“Ya tenemos al menos dos décadas de alerta sanitaria emitida por el Instituto de Salud Pública por el cambio en la talla y peso de niñas y niños, particular­mente en los últimos 10 años, además de problemas de nutrición en dos sentidos: desnutrici­ón y sobrepeso u obesidad, cambios que han generado alertas sanitarias que la propia Organizaci­ón Mundial de la Salud ha estado señalando en el caso mexicano”, concluye Juan Martín.

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