CASO BARRILITOS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la tarea de resolver en los próximos días un amparo promovido por la empresa refresquera en contra del etiquetado frontal, lo que representaría un parteaguas para el futuro de esta medida
En el desarrollo del sistema de etiquetado vigente desde octubre de 2020 en México participaron cinco sectores determinados por la ley: la sociedad civil, la academia, el Gobierno, y los sectores industrial y comercial; sin embargo, estos últimos han expresado su inconformidad con la ejecución de las reformas a la NOM-051.
Javier Zúñiga, coordinador jurídico de El poder del consumidor, explica que hasta la fecha han monitoreado alrededor de 120 amparos, mismos que han sido en su mayoría desechados, pero algunos han comenzado a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Actualmente hay alrededor de cinco amparos pendientes por resolverse en la Corte, incluido el de la empresa Del Fruto, distribuidora de las gaseosas Barrilitos, y del cual la ministra Yasmín Esquivel Mossa generó un proyecto de sentencia.
La propuesta a discutirse en los próximos días es relevante debido a que será el primer caso de etiquetado resuelto por el máximo tribunal.
“Este caso en particular no atiende todas las preocupaciones del etiquetado, pero es un primer precedente, sobre todo, porque una de las cosas que planteó la empresa es que el sistema de información estigmatiza sus productos, lo cual es completamente falso”, subraya.
El experto aclara que los productos que tienen sello responden a excesos de azúcar, de sodio y de grasas que se establecieron en la NOM-051 tras acordarse en reuniones de trabajo en las que participaron representantes de distintos organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Unicef.
De este modo, en atención a las recomendaciones internacionales, se decidió establecer parámetros que, si se exceden, ponen en riesgo el bienestar de la gente.
“No se puede hablar de una estigmatización cuando tenemos un producto que potencialmente puede hacer daño, al contrario, es negligente tener esos altos índices de azúcar, sodio y grasas y no informarle a la población”, precisa.
Los pormenores
Sobre el proyecto de la ministra de la SCJN, Javier Zúñiga abunda que se trata de una propuesta que reafirma que el etiquetado fue elaborado con evidencia científica y siguió y mejoró el ejemplo de países como Chile y Perú; además de otorgarle un canon constitucional a la medida.
Agrega que es elocuente al negar el amparo y detallar que la norma ayuda a proteger el derecho a la salud, a la alimentación y a la información de los consumidores.
“Nosotros esperamos que los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte voten a favor del proyecto. Si votaran en contra, se desecharía y alguien tendría que generar un nuevo, lo que es un riesgo latente porque podrían concederle el amparo a la empresa, pero habría que saber con qué efectos se lo otorgan; es decir, gana el juicio, pero ¿en qué sentido lo gana?¿cómo puede resarcir el daño al quejoso?”, dice.