Democracia en riesgo
En la jornada electoral de 2024 estarán en juego más de 20 mil cargos de elección popular, lo que la convierte en la más grande de la historia, pero también en la que podría registrar los mayores índices de violencia política en comparación con otros años
La democracia en México está en riesgo. Entre 2023 y 2024 al menos 30 candidatas y candidatos a alguno de los 20 mil 286 cargos de elección popular que se jugarán en la jornada electoral del 2 de junio murieron asesinados y aún falta poco más de un mes para el día de la elección.
En este contexto, diversos organismos han contabilizado el número de agresiones reportadas a nivel nacional en el proceso electoral en curso y han dado a conocer el impacto que este tipo de violencia, conocida como violencia electoral, violencia política o violencia política-criminal, tiene en la ciudadanía para elegir libremente a quienes les representan.
Aunque cada uno de los informes que organizaciones como Causa en Común, Data Cívica o Laboratorio Electoral han presentado tienen distinta metodología, los resultados de cada proyecto revelan un diagnóstico similar en cuanto a la vulnerabilidad de la democracia mexicana actualmente.
“El hecho de que, a través de la violencia, se busque alterar los resultados de la elección sacando a candidatos de la contienda o intimidando o coaccionando a los votantes para que no puedan ejercer su voto cambia muchísimo el juego político; es decir, en términos teóricos, la soberanía popular no se está ejerciendo del todo a través de estas prácticas”, explica a Reporte Índigo, Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común.
Balance negativo
De acuerdo con los datos de Causa en Común, que se basa en los reportes realizados por medios de comunicación, en lo que va del proceso electoral 2023 2024, grupos criminales han asesinado a 37 actores políticos. El caso más reciente es el de Julián Bautista Gómez, aspirante por el Partido Revolucionario Institucional para reelegirse por la alcaldía de Amatenango del Valle, Chiapas, quien murió a causa de un ataque armado el 9 de abril pasado.
“Entendemos por actores políticos a dos grandes categorías, por un lado,
Tipo de ataques y víctimas de la violencia político-criminal en México del 1 de enero de 2018 al 13 de abril de 2024, según el proyecto “Votar entre balas” de Data Cívica, México Evalúa y a quienes aspiran a un puesto de elección popular en estas elecciones y, por otro lado, a los funcionarios, dirigentes o colaboradores partidistas que se encuentran activos. Esta es la población que nosotros argumentamos es, hoy en día, el blanco de la violencia electoral”, a irma Escobar Ayala.
En este sentido, detalla que por violencia electoral se entiende al uso de la fuerza ísica, la intimidación, coacción u otras formas de violencia encaminadas a in luir en el ejercicio democrático, ya sea para impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto libremente o, bien, para manipular los resultados de la elección.
Por lo anterior, el especialista cali ica al proceso electoral en desarrollo como excesivamente violento al señalar que es posible que en 2024 se rebase el número de homicidios ocurridos en las elecciones intermedias de 2021.
“Es la elección más grande en la historia del país, directamente todos los juegos de poder que se están llevando a cabo y las transiciones y cambios en los puestos
No hay parangón en la región de América Latina o en otras democracias consolidadas donde pasen cosas similares a lo que está ocurriendo en el país, sin duda es un tema muy grave”
Fernando Escobar Ayala Investigador de Causa en Común
de elección popular que se van a dar es un incentivo muy grande para que inter ieran diferentes intereses criminales”, precisa.
Respecto a las acciones emprendidas por las autoridades electorales tanto a nivel federal como estatal para hacer frente a la injerencia criminal, Fernando Escobar aclara que es poco lo que pueden hacer los institutos electorales debido a sus atribuciones, pero ve positivo que sea desde estas instancias que se promueva y se discuta esta situación.
“Quienes deberían de buscar la seguridad de las y los candidatos tendrían que ser las corporaciones de policía y las autoridades encargadas de la procuración de justicia, en este caso las iscalías, que son instancias que pertenecen a los poderes ejecutivos, de donde tendrían que venir las iniciativas y, desde luego, el diseño de las estrategias. Es una realidad que hay que tener en cuenta que, seguramente, buena parte de esta violencia política está siendo motivada u orientada desde las cúpulas del poder político en México”, subraya.
De este modo, el investigador apunta a un factor relevante a observar el día de la elección, además de las probables intimidaciones: los asientos vacíos, en referencia a las candidaturas que ya no tendrán postulaciones por parte de los partidos políticos debido al temor generado por las agresiones de los últimos meses
Otros registros, misma problemática
El proyecto “Votar entre balas: Entendiendo la violencia políticocriminal en México”, presentado por Data Cívica, México Evalúa y el medio de comunicación Animal Político el 16 de abril, revela que, en lo que va de 2024, han registrado 17 asesinatos, cuatro amenazas, cuatro ataques armados, seis atentados y cinco secuestros a personas precandidatas y candidatas.
Mientras que Guerrero lidera la lista de estados con más ataques, 11.4 por ciento ocurrieron ahí; y le siguen Guanajuato, Veracruz y Oaxaca. Estas cuatro entidades representan el 38.2 por ciento de todas las víctimas registradas.
Cabe destacar que, según la investigación, por cada persona candidata atacada por el crimen organizado, la participación ciudadana en las elecciones se reduce 1.3 por ciento.
“A lo largo de casi dos décadas, el crimen organizado ha diversi icado e intensi icado sus estrategias para incidir en la política local mexicana. Desde 2006, elección tras elección observamos un número creciente de ataques directos a autoridades electas, personas funcionarias, candidatas, y militantes de partidos políticos.
“En el transcurso de 10 años casi se triplicó el uso de esta violencia contra actores políticos de alto per il, cuyos objetivos son diversos: la multiplicación y consolidación de las redes de protección que sustentan al crimen organizado, el debilitamiento del sistema de seguridad y justicia, entre otros”, se lee en el reporte analítico del proyecto.
En tanto, el equipo de Laboratorio Electoral informa que, entre 2023 y 2024, 52 personas relacionadas al proceso electoral, entre aspirantes, precandidatos, candidatos, líderes, colaboradores o partidistas, fueron asesinadas.