Atentado y el turno de Gertz Manero
Según transcurren los días desde el infame atentado sufrido por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, crece la incógnita sobre por qué las indagatorias son conducidas por la fiscalía general capitalina, a cargo de Ernestina Godoy, que para añadir interrogantes parece haber confiado el asunto a su fiscal… antisecuestros.
Abogados penalistas consultados se dijeron sorprendidos por lo que parece un inexplicable aplazamiento en la intervención de la Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Gertz Manero. A partir de ello y de otros indicios, surge la inquietud de que hay algo en esta historia que se desea mantener bajo el tapete.
De acuerdo con dichas fuentes, desde los primeros minutos las investigaciones debieron ser asumidas por la FGR, que naturalmente le encomendaría el asunto a la SEIDO, su oficina especializada en crimen organizado, con los instrumentos, bases de datos y lazos nacionales e internacionales para procesar este tema.
Nadie puede poner en duda la dimensión de los factores implicados o su relevancia social. Pero algo parece decirnos que en alguno de los dos ámbitos existe desconfianza hacia el otro, o que se quiere que el costo político caiga en la acera de enfrente. Otra alternativa es que una voluntad superior haya tenido la ocurrencia estrafalaria de intentar que se reduzca al ámbito de la ciudad el episodio.
Desde las primeras horas se estableció oficialmente que el ataque contra García Harfuch, que causó la muerte de tres personas, estuvo a cargo de un comando formado y coordinado por integrantes de la mafia criminal llamada Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cualquier estudiante en los primeros grados de Derecho sabe que a eso se le llama delincuencia organizada, delito federal que debe ser investigado por la FGR.
Hemos visto fotografías y videos de armas largas, incluso algunas de enorme capacidad letal, como los ahora famosos rifles Barret. Cada elemento de ese arsenal ostenta un calibre que lo hace exclusivo para el uso de las fuerzas armadas, de acuerdo con la ley federal…. que establece los procedimientos para actuar judicialmente en contra de quienes la violan.
Ayer lunes un juez se declaró incompetente para incluso conocer del uso de ese tipo de armamento por tratarse, precisamente, de la competencia de un juez federal.
Más todavía, el comando aludido fue producto del reclutamiento de sicarios en varios estados, a saber, por lo menos: Jalisco, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y la propia capital, por no mencionar a un colombiano. Se conoce que la planeación del atentado se desarrolló en Jalisco. Más delitos federales.
Existen en esta historia, desde luego, delitos del fuero común (robo de vehículos, por ejemplo), que debería investigar la señora fiscal Godoy, siempre y cuando ignore que parece estar acreditada la llamada “conexidad” de estos delitos con otros del fuero federal, por lo que debió excusarse desde el primer momento, echando mano de las herramientas que brinda para el desarrollo de estas indagaciones la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Apuntes: Dentro de la atroz telenovela en que se ha convertido la polémica dirección de Guillermo “Billy” Álvarez en la cooperativa Cruz Azul, una faceta está capturando la atención de autoridades hacendarias y judiciales. Se trata de la injerencia de un compacto equipo de abogados estrechamente identificados con personajes de primer nivel del sexenio pasado. Casi desde el mismo momento en que arrancó la administración Peña Nieto, estos abogados han venido cobrando facturas con montos espectaculares, que a la fecha rebasan los mil millones de pesos. De acuerdo con funcionarios consultados, es indudable que esos cobros fueron producto de algo más que asistencia jurídica. Es evidente que toda esta historia nos sigue deparando un maná de escándalos.