MARIO MORALES REYNOSO
El presidente del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, Iacip, informa de algo verdaderamente alarmante: la resistencia de los gobiernos municipales y de los partidos políticos a la transparencia. De su oposición a informar de lo que hacen con los recursos y la representación de los ciudadanos.
Lo anterior, a pesar de que la obligación de la transparencia se estableció en la legislación mexicana hace 15 años. Un indicador muy grave es el de la cantidad de recursos que han interpuesto los ciudadanos contra los gobiernos municipales por su negativa a entregar la información solicitada.
En lo que va de 2017 se han presentado más de mil 200 recursos, lo cual duplica, y más, los presentados en 2016, cuando fueron 600.
Es decir, hay un claro retroceso.
Un factor, que no puede ser pretexto, son las reformas legales mediante las cuales se ha establecido la obligación oficial de responder en cinco días, con tres de prórroga. Porque hay funcionarios contratados exprofeso.
Es de destacar también la denuncia de la evasión de las contralorías municipales para sancionar a los funcionarios opacos.
Y no se diga la resistencia de los partidos a informar.
Ante ello, es determinante que el Iacip promueva las sanciones del caso. Como también que se apoye en los medios para propiciar la condena ciudadana a los infractores.