Proteger a las adolescentes embarazadas, busca Yulma
Ante las altas cifras de embarazos en adolescentes en el país y las implicaciones que ello tiene en la vida de las menores, la diputada federal Yulma Rocha presentó una iniciativa que busca protegerlas y les permita acceder a la justicia ante la sospecha de violencia sexual, familiar o de género.
La diputada expuso que de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en el índice de embarazos de este tipo, con 64 casos por cada mil adolescentes de 12 a 19 años: de los 6 mil 260 partos que se registran cada día, mil 252 corresponden a madres que se ubican en ese rango.
“Esta situación es alarmante, por las implicaciones que tiene en la vida de las adolescentes”, dijo la diputada, y refirió que la Organización Mundial de la Salud considera que todo embarazo en menores de 18 años es considerado de alto riesgo.
Yulma Rocha consideró que además de los riesgos a la salud de las mamás adolescentes y sus bebés, existen otros factores a tomar en cuenta: según cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 90% de quienes sufren violencia sexual en México son mujeres; el 63% de las menores entre uno y 14 años sufrieron un episodio de violencia física o sicológica, y cuatro de cada 10 víctimas son menores de 15 años.
VIOLACIONES, EL TRASFONDO
Aunado a este problema, explicó la legisladora, menos del 10% de los casos de violencia sexual son denunciados, lo que quiere decir que hay un alto grado de impunidad. Según la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente (Enapea), existe la presunción legal de que un embarazo entre los 10 y 14 años es producto de una violación.
“Actualmente existen normas oficiales y criterios para la prevención y atención, pero se nece- sita que la Ley General de Salud establezca un mecanismo de atención para los casos en los que se presuma que hubo algún tipo de violencia hacia la adolescente”, dijo la diputada.
La propuesta que presentó Yulma Rocha Aguilar consiste en modificar la Ley General de Salud para que las autoridades actúen ante la sospecha de que exista violencia sexual, familiar o de género, cuando se atienda a una adolescente embarazada menor de 15 años.
En estos casos se deberá “realizar la búsqueda intencionada de ejercicio de violencia sexual, familiar o de género desde su primera consulta (...) En caso de encontrarse datos sugestivos, proceder conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”, lo anterior mediante la adición de una fracción del artículo 61 de la Ley General de Salud.
“Aunque el gobierno federal ha implementado la Enapea, logrando reducir las cifras, es importante realizar las acciones legislativas que nos permitan salvaguardar los derechos de niñas y adolescentes y en casos de embarazo se requiere de medidas adicionales para garantizar su protección y derechos”, concluyó la diputada.