Nuevo round por control de Desarrollo Logistik
A REVELACIÓN DE
de las peticiones que el PRI y el PAN hicieron en Nuevo León para permitir que se eligiera a su interino, modificaron el rumbo del pleito judicial de Desarrollo Logistik.
Hablamos del compejo industrial que cuenta con 2 mil 200 hectáreas y que en la actualidad está a un 60% de ocupación. Se sitúa a 25 kilómetros del centro de la ciudad de San Luis Potosí.
El desarrollo está junto a la red ferroviaria del Canadian Pacific Kansas City Southern y de la Carretera 57, ambas, principales vías de conectividad con Estados Unidos y Canadá.
El grupo político ligado al exprocurador del estado, tuvo que dejar en libertad este fin de semana a los empresarios
y
LEstaban detenidos desde diciembre, acusados de un fraude de 595 millones de pesos: 456 millones por supuesta simulación de gastos y 139 millones que habrían ido a cuentas de empresas de sus hijos.
En los hechos, la pareja ha enfrentado desde 2017 un intento de toma hostil de la compañía por parte de un grupo de accionistas minoritarios, todos relacionados con el sector político.
Hablamos de
y el hijo de un exgobernador
potosino,
El embate había sido infructuoso, hasta que se involucró en el asunto De la Garza, el mismo al que Samuel señala de controlar la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de querer quedarse oficialmente con el nombramiento de Fiscal.
En un par de semanas, empezando justo en los días en que Samuel García Sepúlveda estaba de licencia, configuró una causa penal contra Villarreal y Ballesteros.
Desde ese momento, la defensa de los empresarios neoleoneses que lleva el penalista Samuel Rubio, inició una batalla en tribunales federales para demostrar la ilegalidad de la prisión preventiva y para
hacer valer los preceptos del Artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que impide aplicar esa medida cautelar a personas adultas mayores.
Hasta en dos ocasiones, en la última semana, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en Monterrey ordenó la liberación de los dueños de Desarrollo Logistik.
Y aunque el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León,
se resistía a cumplimentar la orden, este fin de semana se concedieron las liberaciones.
Quedará ahora por delante el conflicto judicial por la propiedad de los parques industriales, que tienen un valor de tres mil millones de pesos, alberga a 80 empresas y que da empleo a 22 mil 700 personas.
Adrián de la Garza seguirá contando con el apoyo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, a quien por cierto quería colocar como gobernador interino.
Pero la contraparte parece que tendrá un favorable escenario político en el que se busca exterminar la influencia del llamado “PRIAN”, cuyos acuerdos el propio exhibió en el caso de Coahuila.
A LA PRESIÓN que ya de por si tiene Mota Engil México para entregar las obras que construye para el gobierno de la 4T, ante la indigestión que le están provocando tantas asignaciones, ahora se le suma una más de sus inversionistas a nivel global. Las recientes revelaciones de tráfico de influencias de el gran proveedor de balasto para las vías del Tren Maya, ponen en entredicho el gobierno corporativo y las prácticas de compliance de la constructora portuguesa que preside Será difícil resolver las observaciones e inquietudes de los accionistas que están sorprendidos de la manera en que funcionarios de la compañía que encabezan aquí y hicieron tratos con el ya célebre Amílcar, sin investigar el perfil del personaje y sus vínculos con uno de los hijos de la familia presidencial.
SON DOS GRANDES grupos los que se beneficiaron del desmantelamiento del sistema de distribución de medicinas que ejecutó la entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda en el inicio del sexenio, y de la compra consolidada: el de
y el de
El primero, director del IMSS, y el segundo, director del IMSS-Bienestar. Bajaron a grupos como Fármacos Especializados, Dimesa-Pisa, Maypo, CPI, Ralca o Pego, y dieron entrada a empresas como Romedic, Vanquish, Cimsa, Medicar, Gambars, Vimedical, Ethomedical, La República, Sagitario y Green. Personajes como el susodicho y operan ahora para uno u otro. Están llevándose al año contratos por unos 40 mil millones de pesos por la compra y reventa a delegaciones.
POR CIERTO: ESTE viernes se informó al interior del IMSS la salida del hasta hoy titular de la Dirección Jurídica,
Lo sustituye hasta la semana pasada Coordinadora Técnica de Vinculación con el Congreso. Su ascenso no es cosa menor: se va uno que no encajaba en esa estructura mafiosa en la compra de medicinas y llega una de toda la confianza de Zoé. Karen fue brazo derecho de entre 2020 y 2021 en la Secretaría General del IMSS. Éste ahora es director de Evaluación del organismo y señalado de organizar ese esquema donde los nuevos distribuidores de la 4T compran a los laboratorios de siempre y revenden con sobreprecio pequeños pedidos al propio IMSS.
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL de los Boeing 737 Max 9 comenzó a pasar factura a las aerolíneas. Era prematuro suponer que esta nueva falla del fabricante que preside se resolvería en cuestión de días. Aunque Boeing ha reconocido su responsabilidad, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos sigue trabajando con especialistas para determinar si la falla es un riesgo para las más de 200 aeronaves que hay a nivel mundial. Aeroméxico, que dirige posee 19 de ellos, pero tiene pedidos otros once que deberá recibir en los próximos meses, para alcanzar 30 equipos.
SON VARIOS INCUMPLIENTOS en los que incurrió Media Business Generators que llevó a Forbes Media a no querer renovar el contrato que venció en diciembre. Apunte la comercialización de encuestas a precandidatos que buscan posicionarse en las elecciones de este año, así como ventas futuras de publicidad a sabiendas de que el acuerdo estaba por finalizar. El Consejo de la Comunicación, que preside ya alertó a sus socios sobre el particular. Aún así, la empresa de promovió un recurso ante el Juzgado 44 Civil para mantener la franquicia. n agosto pasado, mientras los medios revelaban que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acumulaba más personas desaparecidas que en cualquier otro sexenio, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, fue forzada a renunciar.
La instrucción fue dada por el presidente de la República, de acuerdo con fuentes de la Segob así como de la fiscalía de la CDMX consultadas por el columnista. El encargado de llevar el mensaje fue el subsecretario Alejandro Encinas. Quintana fue obligada a presentar su renuncia "con carácter de irrevocable". En la carta respectiva, Quintana hizo alusión al "contexto actual".
López Obrador le dio la vuelta al asunto cuando le preguntaron en la "mañanera" a qué se refería la excomisionada con "el contexto actual": "Puede ser por el censo (que él había ordenado realizar a los llamados Servidores de la Nación) o que la búsqueda se está llevando a cabo por todos lados", dijo.
Ocultó lo central: le molestaba la idea de pasar a la historia como el presidente con mayor número de desapariciones registradas. El objetivo inicial de su cólera fue la excomisionada, a la que llegó a acusar de ser una infiltrada de la OEA y de operar al servicio de "los conservadores" a fin de desprestigiar a su gobierno.
Pero su cólera no se detuvo ahí. El siguiente paso fue el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, uno de los grandes logros de la transición democrática mexicana.
Tras la salida de Ernestina Godoy de la fiscalía capitalina, altos funcionarios revelaron que Claudia Sheinbaum y su dócil fiscal le exigieron a Quintana la entrega del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas —que durante su gestión se había elaborado. Presionaban, además, para que a las clasificaciones "desaparecida", "no localizada" y "localizada", contempladas por la ley, se agregara la de "ausente". De acuerdo con las fuentes consultadas, "querían subclasificar para restarle magnitud al problema y no empañar con el tema de las desapariciones la campaña de la candidata del presidente".
La intención era manipular el registro para evitar, entre otras cosas, que la ciudad gobernada por Sheinbaum figurara entre las que cuentan con los niveles mayores de desaparición. De hecho, la dependencia dirigida por Godoy se esmeró en no reportar de manera completa la cifra de desaparecidos antes de la llegada de Sheinbaum al gobierno.
Quintana, cuentan en Gobernación, se encontró así entre dos fuegos.
El Registro Nacional se había convertido en una piedra en el zapato de la 4T: López Obrador había mostrado su inconformidad ante el conteo que hablaba de más de 112 mil desapariciones y había instruido a la Secretaría del Bienestar para que los "Servidores de la Nación" hicieran su propio censo "casa por casa". El presidente pidió además a los gobernadores de Morena que entregaran las bases de datos que tuvieran a su alcance y ordenaran a las fiscalías actualizar sus propios registros.
"Nos llama la atención que tengamos más desaparecidos en el gobierno nuestro que en todo el tiempo de los anteriores gobiernos. ¡Imagínense, nos comparaban y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón!", clamó López Obrador.
E@ HDEMAULEON
En su primera aparición pública tras la renuncia, Quintana consideró adecuado actualizar el registro a fin de tener la mejor información posible. Pero advirtió que la verdadera intención era "reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno", y señaló el riesgo de que la supuesta actualización no se estuviera llevando a cabo por autoridades especializadas. El tiempo le daría la razón.
El gobierno le echó encima a la excomisionada a uno de los organismos que ha logrado tener bajo servicio: la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En una Recomendación totalmente irregular, dirigida a una persona y no a una institución, la CNDH acusó a Quintana de supuestas omisiones y negligencias en la elaboración del registro, lo que, se lee en el documento, "afectó el derecho de una persona a ser buscada".
Para lavar su imagen, el gobierno de AMLO anunció finalmente la localización de 16 mil personas (sobre una base de 112 mil). Los medios revelaron; sin embargo, que los familiares de algunos de los "localizados" seguían sin saber de estos.
La nueva comisionada, Teresa Guadalupe Reyes, que llevó a cargos directivos a personajes sin experiencia, entre ellos a un antiguo compañero de la preparatoria de la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, reconoció que ninguna de las 16 mil personas que el gobierno dice haber localizado están con sus familiares.
La semana pasada, en medio de frases demoledoras, colectivos de madres buscadoras denunciaron el despido masivo de funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, la institución que se atrevió a revelar la tragedia humanitaria que se vive en México.
"Usted está ocupando una silla que nosotros no queremos… ¡No la reconocemos! Tampoco vamos a reconocer al personal que usted contrate a modo y exigimos que el personal de campo que nosotros conocemos y que sí se sale a partir la madre, que sí nos ha dado resultados para la búsqueda de nuestras gentes, que han pasado hambres y sed al lado de nosotros, que a veces han tenido que salir corriendo cuando nos balacean (sean reinstalados)".
Todo esto, porque, tras la salida de Quintana, lo que vino no fue un enroque de funcionarios, sino un brutal recorte en áreas estratégicas para la búsqueda e identificación de personas, según revelan en Segob. La CNB es otra de las cosas que aniquila el gobierno de AMLO. Ese gobierno está desmantelando la Comisión y afectando, paradójicamente, el derecho de las personas a ser buscadas.
De paso, se embolsa el remanente de un presupuesto de más de mil millones de pesos… ¿Justicia para los desaparecidos y sus familiares? No, mejor dinero para la campaña y cifras que pongan feliz al presidente de México, mientras sigue adelante la gran tragedia humanitaria.