EL REFLECTOR LORENZA, UNA MÁS
LAS BUSCADORAS PARECEN, LAMENTABLEMENTE, DESTINADAS A ENCONTRARSE CON LA MUERTE, LA PROPIA, O LA DE SUS SERES QUERIDOS. ¿QUÉ HACE FALTA PARA SENSIBILIZAR A LOS GOBIERNOS Y LA CIUDADANÍA? NADA ES SUFICIENTE PARA VISIBILIZAR Y SOBRE TODO ATENDER ESTE FENÓMENO.
Lorenza Cano fue sustraída de su propia casa en el municipio de Salamanca el pasado 15 de enero. Amarga ironía, Lorenza se sumó a la lista de desaparecidos del estado, tras la incansable búsqueda de su hermano José Francisco, de quien no tenía noticias desde agosto de 2018.
Los hombres que se llevaron a Lorenza también asesinaron a su hijo y su esposo.
La violencia que acecha a las buscadoras se suma al dolor que enfrentan cada día, a la inacción de las autoridades, la burocracia, revictimización, criminalización y falta de recursos.
Y pareciera que ninguno de estos factores logra sensibilizar a los gobiernos y la ciudadanía, que nada es suficiente para visibilizar y sobre todo atender este fenómeno.
Red de crímenes
El pasado miércoles, Cecilia Flores, fundadora del colectivo ‘Madres buscadoras de Sonora’, publicó en X un video donde pedía piedad a los captores de Lorenza Cano, suplicaba no arrebatarle la vida.
¿Por qué intentar dialogar con aquellos que no se han tentado el corazón para secuestrar y asesinar? Porque cualquier otro intento de diálogo ha fracasado. Porque hasta el propio presidente de la República desconoce o tiene en su lista de pendientes las desapariciones, porque la situación se desbordó desde hace tiempo y las autoridades no han sido capaces de ofrecer respuestas ni justica.
En su video, Cecilia habla de los peligros que sortean las buscadoras con resignación, como un clavo más en su cruz.
De acuerdo con el Comité Cerezo, organización en pro de los derechos humanos con sede en la Ciudad de México, en los últimos 17 años han sido asesinadas 11 madres buscadoras.
En Guanajuato, entre 2020 y 2023 se reportaron tres casos: Rosario Zavala fue baleada en octubre de 2020 en León; en 2022, María del Carmen Vázquez, del colectivo ‘Personas desaparecidas de Pénjamo’ fue atacada afuera de su casa; Teresa Magueyal, miembro de ‘Una promesa por cumplir’, fue asesinada en Celaya el 2 de mayo de 2023.
A estos crímenes se suman el de otros activistas como Francisco Barajas Piña, integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato. Él murió en un ataque armado en Salvatierra en junio de 2021, luego de intentar encontrar a su hermana ‘Lupita’. En junio de 2022 fue asesinado en León el hijo de Rosario Zavala, José Ulises Cardona.
La desaparición de Lorenza Cano se suma a la lista, a la red de crímenes derivados de otros. “Hay que ver de qué asunto se trata, si está relacionado precisamente con el tema de la búsqueda, qué otras acciones tenemos que hacer para cuidar a las buscadoras, o si se deriva de otro tipo de acontecimiento”, dijo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sobre las instrucciones que giró al fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre.
Una declaración poco alentadora, porque entre buenas intenciones, lamentar, condenar y girar instrucciones, transcurre la espera de las buscadoras y sus familias.
Lucha sin fin
Las buscadoras parecen, lamentablemente, destinadas a encontrarse con la muerte, la propia, o la de sus seres queridos. En esta segunda Gabriela Alegría, periodista de ‘Mural’, medio de Guadalajara, Jalisco, evidenció a través de desgarradores testimonios cómo la violación a los derechos humanos continúa en los Semefos.
Un ejemplo, el caso de Gloria, madre de Luis Antonio, hallado muerto en una casa de seguridad junto a su novia Frania y Alfredo, joven que no tenía relación con ellos. “Moralmente y físicamente me siento muy cansada. Siento que fui torturada”, le confesó Gloria. Las autoridades le mostraron un cuerpo destrozado, una cabeza que no reconocía, “yo les decía que su nariz era como la mía y ellos me decían que como lo habían golpeado, estaba deforme, y para todo tenían una razón, así que terminé diciendo que sí, pero nunca quedé conforme”.
Tuvieron que pasar más de dos meses para que Gloria confirmara sus sospechas: le habían entregado la cabeza equivocada, y el proceso de identificación reinició.
No hay dignidad en el trato a los restos, no hay empatía con los familiares. Gabriela Alegría relata en toda su crudeza la parte de una lucha que nunca termina, un duelo que nunca llega, una narrativa donde la justicia no figura.
Cada vez más
Hace algunos años, las fotografías de personas desaparecidas se mostraban en un espacio de Canal 5, o las veíamos fotocopiadas en espacios públicos, acompañadas de sus datos generales.
Hoy contamos con protocolos de difusión como las alertas Ambar y Alba. Hoy, revisando cualquier red social, es posible toparnos todos los días con más de una publicación sobre personas cuyo paradero se ignora, con peticiones de apoyo para localizarlas, con historias de desesperación e impunidad, noticias de hallazgos en fosas.
No es que ahora sea más sencillo compartir este tipo de información, sino que tristemente cada vez son más los desaparecidos.
El tráfico de órganos, las redes de trata, la violencia, el crimen organizado, son delitos vinculados a una situación que justo por ser multifactorial es difícil de rastrear y combatir de raíz.
Podríamos pensar que como simples civiles es poco lo que podemos hacer. Compartimos una ficha desde nuestro celular o computadora esperando que sirva de algo.
Las historias que enfrentan las familias de las víctimas nos parecen una realidad ajena, tal vez porque la repetición de narrativas produce un efecto que lejos de sensibilizar, normaliza.