DELITOS AMBIENTALES: OTRO PENDIENTE DE IMPUNIDAD
No en balde el exsecretario de medio ambiente y recursos naturales, Victor Manuel Toledo, incluyó a Guanajuato dentro del vergonzoso grupo de los infiernos ambientales de México. Un término que acuñó en los casos donde la contaminación ambiental alcanzaba el suelo, el agua y el aire sin mayor freno.
Dicha definición no puede desligarse de la impunidad que prevalece sobre los delitos ambientales. Si hay un pendiente en la materia, ese es dotar a las instituciones del estado de mayores facultades y dientes cuando se trata del fuero común, cuya pena máxima alcanza apenas los seis años de prisión, si el impacto llega a la gestión ecológica.
En ese contexto, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) a cargo de Gerardo Morales Moncada, a menudo se ve rebasado. En este espacio hemos abordado el tema de los basureros municipales que, en completo desorden, apenas pueden ser objeto de recomendaciones y observaciones.
En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) su tope ha llegado hasta las instancias federales que consideran penas de uno a nueve años de prisión en todas las variables de delitos contra la gestión ambiental. El problema es lograr que se procesen casos como la contaminación de la Refinería de Pemex y la termoeléctrica en Salamanca.
La buena noticia es que los agravios ambientales parecen motivar más la denuncia. De 21 expedientes iniciados en 2021 y 2022, pasamos a 35 denuncias en 2023 de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Números reducidos que reflejan el cese a la normalización.