Violencia política en México
urante el desarrollo del proceso electoral 2024, calificado como el más grande en la historia de México debido a la cantidad de cargos públicos que estarán en disputa, 8 gobernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), renovación de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el Congreso de la Unión (500 diputados federales, 120 senadores), 31 diputaciones locales con excepción de Coahuila (19, 634 cargos), alcaldías (16) y concejalías (CDMX), presidencias municipales (1,803 en 30 estados), sindicaturas y regidurías (1973 y 14, 160 en 29 estados), así como la presidencia de la República, estarán en juego 20,374 cargos de elección popular, en el cual los ciudadanos podremos participar a través del ejercicio del voto en la jornada electoral del 2 de junio, fecha en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) instalará alrededor de 170,000 casillas en todo el territorio nacional, habiendo capacitado, a través de 7, 118 supervisores electorales y 42,630 capacitadores electorales, a 1 millón 530,027 ciudadanos, mismos que recibirán los votos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, podría experimentar una escalada de violencia en diferentes regiones del país.
Desde agresiones manifestadas en diferentes tipos de delitos hasta (esperemos que no) el asesinato de candidatos a un puesto de elección popular, podrían generarse debido a la influencia e intromisión que los diferentes grupos del crimen organizado pudieran llevar a cabo durante el proceso electoral en ciernes, así como de grupos políticos y/o cacicazgos, en contubernio o no con distintas organizaciones criminales, mismas que se han perfilado como responsables de la escalada de violencia política experimentada en nuestro país.
Sin duda, el presidente Andrés Manuel López Obrador afrontará la transición de su gobierno a través de los resultados del ejercicio del voto, libre y secreto, expresado por los ciudadanos en las urnas, permitiéndole, muy seguramente, consolidar con ello el proyecto de la cuarta transformación que el mandatario lidera. Sin embargo, la situación política y social ha generado un ambiente de tensión generalizada crítica a nivel nacional, al haber aumentado los niveles de inseguridad, mismos que se podrían erigirse como la causa principal que pudiera condicionar una amplia participación ciudadana.
En este sentido, es indudable que uno de los factores más importantes, y que preocupan más a la ciudadanía, tanto en su vida cotidiana como en el desarrollo del proceso electoral, tiene que ver con el incremento del fenómeno de la violencia, el cual se ha convertido en un factor de preocupación importante dentro del desarrollo de las campañas, atemorizando a la población, creando condiciones de alarma, desincentivando la participación política y social, así como generar condiciones de inestabilidad en cuanto a la gobernanza electoral, a través de la expresión y desarrollo de violencia política ejercida, insisto, por grupos del crimen organizado.
Para entender el contexto en que se ha desarrollado la violencia política en México, es preciso entender su significado, con el objetivo de poder conceptualizarla, y a partir de ello, contar con los elementos necesarios para explicarla y desarrollarla en los diferentes ámbitos en que se manifiesta. A este respecto, debemos entender que no existe una definición simple de la violencia política, sino que la misma depende de los actores que la definen, los propósitos que éstos tienen, el contexto en el que el
Dtérmino se utiliza y su relación con el poder político establecido.
En este sentido, y partiendo de que la violencia consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupos de ellas, o en atentados contra sus pertenencias, y que los motivos por los cuales se ejerce pueden ser el obtener un beneficio económico, venganza, dominación, entre otros, es decir, la violación de los derechos básicos de las personas; y que la política, en un sentido amplio, será la relación establecida en un sistema social atendiendo al componente de búsqueda de influencia o control de unos sobre las acciones de otros, es decir, la relación guardada entre gobernantes y gobernados, podemos definir a la violencia política como aquella que obedece a motivos específicos dirigida en contra de opositores ideológicos, ya sea para dirigirla contra el sistema o su eliminación y/o atentar contra la política imperante.
De esta manera, la violencia política, como medio que permite establecer el dominio sobre otros y establecer, cambiar o preservar determinado orden social, se manifiesta en nuestro contexto político nacional como instrumento para intimidar, eliminar e imponer candidatos en distintas regiones de nuestro país.
La influencia del crimen organizado, en ámbitos de poder económico y político en nuestro país, ha traído consigo la intromisión del mismo en el desarrollo de los comicios electorales a través de la generación de condiciones de violencia política para la consecución de sus fines por medio de diversas prácticas tales como intimidación, secuestro, asesinato, entre otros.
Los altos índices de violencia política experimentados en nuestro país en procesos anteriores y en el curso del actual resultan sumamente preocupantes ya que reflejan el alto grado de intervención que los grupos del crimen organizado llevan a cabo en el contexto de las campañas políticas, principalmente a nivel municipal, como puntos en donde la penetración de las bandas criminales resulta más factible y directo, sin detrimento de que sus consecuencias trasciendan en gran medida el ámbito local. En este sentido, la violencia política que pudiera experimentarse durante el proceso electoral 2024, en gran parte del territorio nacional, exhibiría la insuficiencia de las instituciones encargadas de proveer seguridad en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), para garantizar un entorno de seguridad y paz social a los ciudadanos.
Debemos estar atentos a las manifestaciones que de este tipo pudieran surgir (por ejemplo aquella por razones de género) debiendo recurrir a las autoridades correspondientes (instituciones, cuerpos policiacos, fuerzas armadas) para su combate y contención, posibilitando así tratar de evitar su consecución previniendo las causas que la originan.