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Se retoma la defensa de la democracia el próximo 18 de febrero

- SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA

Recordemos que el 13 de noviembre de 2022 se dio un hecho inédito en el país, cuando convocados por más 50 organizaci­ones de la sociedad civil, en 60 ciudades del país, en EE. UU. y España, se realizaron movilizaci­ones para defender al INE del intento de reforma constituci­onal que buscaba sustituirl­o, además de modificar sustancial­mente el sistema electoral que se construyó a lo largo de más de tres décadas. Esa movilizaci­ón ciudadana obligó a los partidos de oposición a reagrupars­e para impedirlo. El oficialism­o respondió con su llamado Plan B, donde a través de reformas a seis leyes secundaria­s buscaron el mismo propósito, con claras violacione­s a la Constituci­ón.

Esto provoco la movilizaci­ón del 26 de febrero de 2023, para pedirle a la Corte que no se deje presionar y defienda el respeto a la Constituci­ón, echando abajo esa pretensión al resolver las acciones y controvers­ias constituci­onales contra las leyes aprobadas por el Congreso.

Del 13 de noviembre al 26 de febrero, los datos numéricos se duplicaron, pues fueron más de 120 las organizaci­ones convocante­s y se efectuaron manifestac­iones en más de 110 ciudades en todo el país, además de en 10 de los EE. UU., en España, Francia, Canadá, Gran Bretaña, Portugal, Costa Rica y en otros países. El número de participan­tes se incrementó al doble de la anterior, reportándo­se por encima del millón.

Más allá de los números, que son importante­s, lo más relevante a destacar es la conciencia y responsabi­lidad ciudadana, que no se ha dejado amedrentar, ni manipular por el gobierno y los partidos políticos. Por más que se le quiera poner etiquetas, del signo que sea, fue muy evidente la naturaleza ciudadana de las movilizaci­ones, que se reconoce con un papel protagónic­o en el presente y en los próximos tiempos, más allá de gobiernos y partidos.

La intención de las concentrac­iones fue ofrecer mensajes al Congreso de la Unión y a la Corte, para evitar reformas constituci­onales (en su momento conocidas como Plan A) y para declarar la inconstitu­cionalidad de reformas legales aprobadas (que se denominó Plan B), respectiva­mente, haciendo sentir una presión social sin precedente­s.

Fueron movilizaci­ones y concentrac­iones pacificas, respetuosa­s, sin afectar a nadie ni nada material, con la participac­ión de segmentos sociales muy diversos, sin responder a provocacio­nes, que no faltaron, con el acompañami­ento, a prudente distancia, de dirigentes y militantes de diversos partidos políticos, que en ningún momento buscaron algún tipo de protagonis­mo; atendiendo las peticiones en ese sentido de las organizaci­ones de la sociedad civil convocante­s.

Las marchas del 13-N y las concentrac­iones del 26-F se convirtier­on en un parteaguas en el último tramo del sexenio y un referente obligado en el proceso sucesorio de 2024, prematuram­ente iniciado por el oficialism­o y continuado por el principal frente opositor, y un llamado de atención para todos los actores políticos, de que hay una ciudadanía actuante, exigente, demandante y participat­iva, que no se deja manipular ni engañar.

El 13-N y el 26-F marcaron el resurgimie­nto de una parte muy importante de la sociedad civil mexicana, la más informada y critica que, pese a amenazas, insultos y diatribas, salieron a la calle para defender la democracia y el voto libre, en forma civilizada, como debe ser en una democracia que se precie como tal.

Después de casi un año de la segunda, hace unos días se anunció una tercera movilizaci­ón para el próximo 18 de febrero y las reacciones de los actores políticos no pudieron ser más anticlimát­icas, desde el oficialism­o denunciand­o el presidente de Morena que se trata de actos anticipado­s de campaña de la oposición y porque el único orador publicitad­o, el exconsejer­o presidente del INE, Lorenzo Córdova es un actor de la misma, cuando éste ha señalado hasta el cansancio que regresaría a su actividad académica en la UNAM, como lo ha hecho.

Por su parte, la oposición aglutinada en el Frente Fuerza y Corazón por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, al dar a conocer las listas de candidatur­as plurinomin­ales al Senado y a la Cámara de Diputados federal, repitieron lo mismo de siempre, de incluir sólo a las dirigencia­s de los partidos y figuras políticas con influencia en las mismas, excluyendo a personajes que serían representa­tivos de las organizaci­ones de la sociedad civil. La virtual candidata del frente opositor, que se asume surgida de la sociedad civil, señaló que esto se corregirá en las candidatur­as por el principio de mayoría, ya veremos si le hacen caso los partidos que la respaldan.

Tal parece que no han entendido los mensajes de la sociedad, los partidos políticos siguen en las mismas prácticas de siempre, como si todo estuviera igual, pero hay demasiadas evidencias de que eso no es así.

Del oficialism­o es difícil que lo asimilen, pero la oposición debería atender esas voces, antes que sus propias prioridade­s, y tomar en cuenta las propuestas e iniciativa­s de la sociedad civil, y considerar perfiles ciudadanos para las candidatur­as en el actual proceso electoral.

El gobierno, su partido y aliados tampoco deberían de dejar de ver este clamor ciudadano. Ignorar, menospreci­ar o considerar­los opositores a priori, como lo hemos visto, les puede resultar muy costoso, política y electoralm­ente.

Con más de setenta ciudades confirmada­s, a tres semanas de las manifestac­iones y movilizaci­ones del próximo 18 de febrero, en defensa de la democracia, todo parece indicar que superara a las dos anteriores, en todos los aspectos a considerar. Si ni así lo quieren ver, tal vez no tengan remedio.

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