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UG: INSULTANTE (Y VIOLATORIO) CONTROL A LA PRENSA

- CLAUDIA SUSANA GÓMEZ LÓPEZ

En 2017, el grupo parlamenta­rio del PAN en el Congreso de Guanajuato pretendió la promulgaci­ón de su propia versión de la Ley de Protección a Periodista­s y Defensores de los Derechos Humanos. Hicieron a un lado los trabajos y avances que logró un grupo de académicos, activistas e informador­es, para tratar de imponer su propia visión.

Sin embargo, el planteamie­nto de los blanquiazu­les fue rechazado categórica­mente por el gremio periodísti­co por contener conceptos, requisitos y trámites que tendían más al control del gremio periodísti­co que para su protección. Entre estos figuraba un registro estatal en el que cada informador tendría que acceder con su fotografía y datos personales. La excusa: la seguridad.

Con la intervenci­ón de Derechos Humanos aquella ocurrencia fue descartada para dar paso a la ley que actualment­e rige la obligación del Estado mexicano a proteger al libertad de expresión. Sin embargo, resulta que no quedó totalmente extinta, pues ahora resulta que es la Universida­d de Guanajuato (UG) la que ahora pretende emplear dicho mecanismo.

“De manera particular, y con estricto apego a la normativid­ad universita­ria, se ha acordado que el acceso a la prensa se dará mediante una acreditaci­ón que nos permita identifica­r el medio de comunicaci­ón en el que labora”, indica una carta que se hizo circular para anunciar que no habra acceso libre a las sedes de la UG, pese a ser instalacio­nes públicas.

Así que solicitaro­n un listado de las personas que realizan cobertura de las actividade­s universita­rias, con nombre completo, fotografía digital, foto del gafete de identifica­ción de prensa.

La verdad, es que no se trata de una medida apenas improvisad­a. Desde el caótico año pasado, la gestión del exrector Luis Felipe Guerrero Agripino se vio expuesta con las tomas de las instalacio­nes que estudiante­s inconforme­s mantuviero­n en protesta contra sus decisiones y después con el proceso de sucesión. Así que no cuesta pensar que lógica tiene esta nueva acometida contra la transparen­cia.

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