PODER JUDICIAL: ANORMALIDADES NORMALIZADAS
LA CONFUSIÓN, LAS EXPLICACIONES ALAMBICADAS, LOS ARGUMENTOS BUROCRÁTICOS O DE PLANO EL MUTIS, SE APODERARON DE DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE GUANAJUATO, HÉCTOR TINAJERO MUÑOZ, CON DOS CASOS QUE HAN EXHIBIDO LAS INCONGRUENCIAS DE UN SISTEMA QUE TAMBIÉN TIENE SU PARTE DE RESPONSABILIDAD EN LA CRISIS DE INSEGURIDAD E IMPUNIDAD EN GUANAJUATO.
La liberación de los presuntos plagiadores de la buscadora Lorenza Cano Flores, así como la extendida indefinición en la que se encuentra un proceso de paternidad que implica a un virtual candidato a alcalde, muestran las diferencias dimensiones de las repercusiones de actuaciones judiciales cuestionables, por decir lo menos.
De entrada exhibió que, a la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre -a quien expiden órdenes de aprehensión con la mayor facilidad-, no ha presentado impugnación alguna contra la liberación de los dos detenidos por el crimen del que fue víctima Cano Flores y su familia, lo que ya es notorio a estas alturas de los hechos.
En medio de esto, los reporteros le plantearon una duda razonable ¿por qué el juez consideró suficientes las pruebas presentadas por la FGE para la orden de aprehensión, pero luego las desestimó a la hora de decidir si los vinculaba o no a proceso? Confirmó que los requisitos son similares, pero en la audiencia los inculpados son escuchados y eso puede cambiar todo.
Lo anterior hace pensar en una debilidad mayor de la construcción de los hechos en el caso concreto, pero más grave aún que el Poder Judicial conceda órdenes de aprehensión a una fiscalía acostumbrada a reaccionar de golpe y porrazo los casos mediáticos. Si hay negligencias en el proceso, el Poder Judicial también carga con ellos.
Sobre el caso de demanda de paternidad en el que se involucró al virtual candidato de Morena a la alcaldía de Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, resulta que lo anormal, es normal para el magistrado presidente. Es un caso que se ha extendido dos años y por el que ha sido señalada la Jueza de Oralidad Familiar, Dulce Pérez Gallardo, por dilación de la justicia.
De forma objetiva, si la juzgadora invoca desde el inicio el interés superior de la niñez, el caso se habría resuelto rápidamente con las pruebas pertinentes y hoy no se estaría exponiendo un caso familiar a un nivel político. Una resolución a favor o en contra del aspirante a presidente municipal de forma pronta y expedita, habría evitado un conflicto mayor como el vivido hasta ahora.
“La falta de independencia judicial, la ineficacia del sistema de justicia y los ataques a su autonomía dañan la democracia en México”, palabras con las que justo ayer se difundió el informe sobre los sistemas judiciales elaborado por el colectivo La Justicia que Queremos. Palabras más que pertinentes en un contexto de impunidad.