DE LOS POLICÍAS DE GUANAJUATO
YA SEA EL ESQUEMA DE LEALTADES QUE SOSTIENE EL DÚO COMPUESTO POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ALVAR CABEZA DE VACA APPENDINI Y EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, CARLOS ZAMARRIPA AGUIRRE, O LA ESTRUCTURA QUE OFRECEN LOS EXAGENTES FEDERALES, LAS POLICÍAS MUNICIPALES EN GUANAJUATO SIGUEN SIENDO LA AUTORIDAD QUE SE PERCIBEMÁSCORRUPTA.
Se trata de un paradigma que ninguna de las dos apuestas no han podido romper, pues ya sea por falta de resultados o violaciones a los derechos humanos, el papel que desempeñan los elementos está ligado directamente al (mal) trato directo con una sociedad que se siente vulnerable frente a la inseguridad y la violencia.
Por eso, no es menor que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 2023 del Inegi evidenciara que tanto las policías municipales como los agentes de tránsito, se consideren las más susceptibles a corromperse entre todos los cuerpos bajo el mando local, estatal o federal. Ambos tipos de corporación puntuaron más del 60 por ciento de percepción de corruptibilidad.
Pero se debe entender la responsabilidad de las administraciones municipales. Los alcaldes son los primeros responsables constitucionales de la seguridad en sus demarcaciones, sin embargo, desde el sexenio de Miguel Márquez Márquez, una suerte de concesión al estado privó entre los municipios, como la fórmula para encontrar la certidumbre, que ante los hechos, no dio resultado.
Esa postura persistió al inicio del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien sentenció que el esquema del Mando Único empleado con anterioridad sólo había debilitado a las corporaciones locales que ahora habrían de reconstruirse. Para mediados del sexenio, los alcaldes decidieron entre las recomendaciones de Cabeza de Vaca y las de la vocera del eje de seguridad, Sophia Huett López.
Sin importar el esquema ofrecido, los ediles tendrían que acceder a las depuraciones de sus ya decadentes corporaciones, mejorar condiciones salariales y dar entrada a los compromisos estatales para lograr los apoyos para equiparlas.
Centenares de policías salieron de golpe y porrazo de corporaciones como la de Irapuato a cargo de Ricardo Benavides Hernández, afín al secretario, o en grupos pequeños como en la de Celaya a cargo de Jesús Rivera Peralta, cercano a Huett López. Las condiciones laborales mejoraron, pero no en suficiencia y eficiencia para los agentes.
Por todo lo anterior resultan más que ilustrativas las variopintas declaraciones de los alcaldes consultados por Correo, sobre esta desconfianza generalizada entre la ciudadanía. Hace pensar en la productividad de las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, un escenario que no ha logrado homologar los criterios y políticas para el trabajo policial.