LOS DAMNIFICADOS DEL SISTEMA DE SALUD
CUANDO EL GOBIERNO FEDERAL DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y EL ESTATAL DE DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO, ACORDARON MANTENER LA AUTONOMÍA DEL SISTEMA SALUD ANTE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI), EL TEMA FUNDAMENTAL FUERON LOS PESOS Y LOS CENTAVOS. POCO SE HABLÓ DEL PERSONAL MÉDICO QUE SE ENCONTRABA CONTRATADO POR UNO U OTRO ESQUEMA.
Tal movimiento provocó que los recursos que antes se entregaban como parte del otrora Seguro Popular, se suministraran íntegra y directamente a la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) la cual realizó sus propias contrataciones, sobre todo cuando la pandemia de Covid 19 irrumpió con toda su sobreexigencia en los centros de salud.
La crisis sanitaria motivó que el gobierno estatal prometiera la basificación de todo el personal que, hasta ese momento venía trabajando en la SSG bajo contrato de honorarios. La medida incluiría a los recién reclutados para atender la demanda del momento y el tema fue casi una causa de su extitular Daniel Díaz Martínez.
El problema es que más de dos centenares de trabajadores, los cuales laboraban en los nosocomios de la SSG cubriendo vacaciones, días festivos y horarios extendidos, se quedaron completamente en el limbo al ser pagados por el gobierno federal.
La denuncia plasmada con amplitud porCorreo, da cuenta de las incongruencias de un sistema de salud partido entre el orden federal y estatal, los mismos que “competirían” por ser el más eficiente según palabras de López Obrador, justo un mes después de haber creado el Insabi y de haber exceptuado a Guanajuato de su centralización.
Por parte de la SSG, el tema de la basificación para el personal que ya tenía laborando sin prestaciones era y sigue siendo un pendiente acumulado. Hasta finalizar 2022, el gobierno estatal ya había regularizado a 1 mil 600 trabajadores, cifra a todas luces insuficiente que motivó las demandas del personal. Fue en mayo de 2023 cuando se basificó 2 mil 875 trabajadores.
De forma paralela, el gobierno federal decidió hacer otro ajuste al Insabi, ahora ligándolo directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el despliegue de sus recursos. Una medida que terminó por dejar en la indefinición al personal que hoy reclama ser reconocido como parte de la infraestructura humana del sistema de salud.
Aproximadamente están pendientes otros 5 mil trabajadores por ser regularizados dentro del Sistema Estatal de Salud, lo que pinta difícil y hasta paradójico que el personal que hasta ahora opera dentro de sus instituciones, pagado por el gobierno federal, ni siquiera esté contemplado.