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“LO CAMBIARÍA POR UNA LLAMADA DE MI HERMANO DICIÉNDOME QUE ME QUIERE”, DICE BIBIANA MENDOZA, CUYO ACTIVISMO COMO PARTE DEL COLECTIVO ‘HASTA ENCONTRARTE’ SERÁ GALARDONADO. PERO NADA ES SUFICIENTE PARA RESOLVER EL FENÓMENO DE LAS DESAPARICIONES. on casi nueve meses de embarazo, sin ninguna pista, recorriendo calles resignada a encontrar un cuerpo en algún baldío: así comenzó Bibiana Mendoza a buscar a su hermano Manuel, en enero de 2018.
Inició sola, pero inevitablemente se cruzó con otras mujeres que recorrían el mismo camino, que enfrentaban la misma impunidad e indiferencia por parte de las autoridades. Mujeres atravesadas por el mismo dolor, que como un hilo conductor las guía en el laberinto de la búsqueda eterna.
El próximo 9 de mayo, en el marco de su 50 aniversario, el Premio de Derechos Humanos que otorga la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), reconocerá el activismo y liderazgo de Bibiana, pieza fundamental del colectivo creado en Irapuato, ‘Hasta encontrarte’.
Por supuesto, un galardón de esta magnitud visibiliza a nivel internacional el fenómeno de las desapariciones en México. Por supuesto, Bibiana Mendoza merece plataformas que le permitan hablar de la realidad de las buscadoras. Pero ella preferiría no haber pasado por ninguna de las circunstancias que le valieron este reconocimiento.
“Cambiaría ese premio por una llamada de mi hermano diciéndome que me quiere, o ‘vamos a desayunar’, que está trabajando, escuchar su voz. Por ver la sonrisa de mi mamá porque sus hijos están completos”, reveló en entrevista a Nayeli García de Periódico Correo.
Nada es suficiente
Al preguntarle si la situación de las buscadoras ha evolucionado entre 2018 y 2024, Bibiana respondió: “Han cambiado muchas cosas, sería negar el trabajo de las mujeres del estado de Guanajuato que buscan todos los días a un familiar desaparecido si yo dijera que no han ocurrido cosas buenas, pero no las suficientes”.
Ella, como el resto de sus compañeras, conoce las herramientas jurídicas y gubernamentales diseñadas para apoyarlas. Enumeró entre ellas la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Comisión Estatal de Búsqueda, las células municipales, la Comisión de Atención a Víctimas, sin embargo, Mendoza las considera sólo la superficie, una fachada que no cubre las verdaderas necesidades en torno al tema.
“Yo creo que la gente que no entiende bien el contexto de la violencia puede decir que es suficiente. Y es difícil quitarle a las personas y a las autoridades esa venda de los ojos. La verdad es que son espejismos para tapar un problema más profundo”. ¿A qué problema se refiere? El consumo de sustancias ilícitas.
Un problema de salud, que debería abordarse como tal, se interpreta como la justificación de las desapariciones y es motivo de estigmatización y criminalización.
Bibiana pide usar el término “gente con consumos problemáticos” en lugar de drogadictos, cargado de connotaciones negativas. Resalta que la compra-venta de drogas tiene su origen en la desigualdad social, la pobreza. Entre políticas públicas fallidas, las deficiencias en la educación y falta de oportunidades, un gran sector de la población se encuentra vulnerable ante las sustancias ilegales.
Es esta la raíz de la violencia, la inseguridad, y claro, las desapariciones. Bibiana reflexiona: “¿Quiénes somos y a quiénes nos están desapareciendo? A mi hermano que trabajaba en un rancho, que nunca tuvo un peso, a la hija de mi compañera que tenía tatuajes y era madre soltera, a gente que nacimos en un contexto de pobreza, gente que crecimos con violencias machistas estructuradas y que llevaron a cierta parte de la gente a tener un consumo y que las autoridades no lo lean desde una perspectiva de derechos humanos, de acompañar a estar personas, ayudarlos, verlo desde la salud mental”.
Las buscadoras investigan, aprenden, analizan los fenómenos históricos (como la Guerra Sucia, la represión militar no sólo en México, sino en Latinoamérica), en busca de herramientas más allá de las palas y picos, en busca de desenredar la maraña que ha llevado a nuestro país a la crisis que hoy enfrenta.
Las buscadoras se han visto obligadas a educarse en leyes, en cuestiones forenses, a sumergirse en el aparato burocrático necesario para denunciar y exigir sus derechos. Han aprendido de la violencia (física, emocional, institucional) que enfrentan día con día, para saber cómo afrontarla, pero no pueden solas, y no es su responsabilidad luchar solas.
Minimización e impunidad
En el presente gobierno estatal, encabezado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se creo la Comisión Estatal de Búsqueda; un esfuerzo que familiares de desaparecidos agradecen, aunque la coordinación con la instancia no termina de optimizarse.
El que las autoridades admitan la urgencia de atender la problemática es positivo, sobre todo, después de las pobrísimas explicaciones que gobernantes anteriores dieron al fenómeno.
Claro ejemplo, aquella desafortunada declaración del exmandatario Miguel Márquez Márquez, quien no sólo minimizó las cifras de las desapariciones, sino que negó los motivos detrás de ellas: “La gran mayoría, afortunadamente, es porque se fueron con la novia o el novio, otros se fueron a Estados Unidos y ya no avisaron de su regreso”, declaró en 2017.
Bibiana Mendoza comentó a Correo: “la gente te exige que tiene que ser la víctima perfecta, la persona mártir, mi hija la que estudiaba, no salía con nadie, no salía de fiesta, casi casi no decía maldiciones, para que socialmente valga la pena como ser humano”.
Quien desaparece es responsable porque “andaba en malos pasos”, y esa concepción diluye la figura de los perpetradores de estos crímenes. Esto se traduce en impunidad. Mendoza refiere que en México hay un registro de más de 102 mil personas cuyo paradero se desconoce, y las sentencias por el delito no llegan a las 40.
La deuda con las buscadoras es enorme. La falta de protección es otro obstáculo en su labor.
El pasado 15 de enero fue privada de su libertad Lorenza Cano, buscadora salmantina. Su esposo e hijo fueron acribillados. Hace unos días, el 8 de febrero, fue asesinada Angelita Meraz, presidenta de ‘Unión y fuerza por nuestros desaparecidos’ en Tecate, Baja California. Integrantes de colectivos viven en la zozobra, a merced de la delincuencia organizada, sin la garantía de al menos ser escuchadas, sin garantía de justicia.
LO SUPERFLUO:
Gracias al Premio de Derechos Humanos WALO, la crisis que sufre el estado será visible a nivel internacional.
LO PROFUNDO:
Los reconocimientos pierden poder y significado cuando poco o nada se hace por combatir el problema de raíz.