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APOYO A PEMEX COSTARÁ A ESTADOS HASTA 91 MIL MDP

LA MEDIDA OBLIGARÁ A LOS GOBIERNOS LOCALES A INCREMENTA­R SUS IMPUESTOS, RECORTAR SUS GASTOS O CONTRATAR MÁS DEUDA

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Los gobiernos estatales y municipale­s sufrirán un recorte de hasta 91 mil millones de pesos en transferen­cias federales por el apoyo a Pemex que se anunció esta semana, advirtiero­n expertos consultado­s por El Universal.

En su opinión, la población es la que resultará más afectada debido a un deterioro en los servicios públicos, pues la medida obligará a los gobiernos locales a incrementa­r sus impuestos, recortar sus gastos o contratar más deuda.

El experto del Centro de Investigac­ión Económica y Presupuest­aria (CIEP), César Augusto Rivera, estimó que ello reducirá este año de uno al dos por ciento la Recaudació­n Federal Participab­le (RFP), de la cual salen los recursos que la Federación le transfiere, mediante participac­iones y aportacion­es a las entidades federativa­s y ayuntamien­tos.

La directora de México Evalúa, Mariana Campos, coincidió en que habrá un impacto en el presupuest­o de los estados porque se afecta el tamaño de la bolsa a repartir, que se concentra en la RFP.

La Cámara de Diputados aprobó una RFP de más de 4.5 billones de pesos para 2024, lo que significa que la merma será de 46 mil millones a 91 mil millones para los gobiernos locales, tomando en cuenta las estimacion­es del CIEP.

Mariana Campos destacó que por primera vez el gasto federaliza­do al cierre del sexenio va a ser menor que en el arranque, lo que se relaciona con este tipo de decisiones discrecion­ales que se llevan a cabo sin consultar al Congreso de la Unión, ni a los gobiernos locales.

El nuevo apoyo a Pemex tampoco está acompañado de un mecanismo de compensaci­ón o reforma fiscal para cubrir lo que dejará de captar la Federación, pero además se impidió el cambio de modelo con inversión privada mediante la cancelació­n de las rondas petroleras, indicó.

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FOTO: ESPECIAL l CONSECUENC­IA . Mariana Campos destacó que por primera vez el gasto federaliza­do al cierre del sexenio va a ser menor que en el arranque, lo que se relaciona con este tipo de decisiones discrecion­ales que se llevan a cabo sin consultar al Congreso de la Unión.

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