RE FLEC TOR
LA NECESIDAD DE LEGISLAR PARA PODER GARANTIZAR DERECHOS BÁSICOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD LGBTQ+ NOS CONFIRMA LA FALTA DE IGUALDAD Y LOS PREJUICIOS QUE PERSISTEN EN PLENO SIGLO XXI.
de Género.
La nueva normativa tiene como objetivo establecer que organismos autónomos, autoridades municipales y estatales, así como los poderes Legislativo y Judicial, protejan los derechos humanos de este sector de la población.
Esta ley representa un gran avance en la lucha contra la discriminación, sobre todo en el estado que ocupa el cuarto lugar en México en agresiones a integrantes de la comunidad LGBTQ+, sexto puesto en crímenes de odio y que, hay que decirlo, tiene fama de ser ‘mocho’, en exceso conservador.
La iniciativa fue planteada desde el 2020, la espera de cuatro años para que fuera puesta en marcha, nos habla de la resistencia de los legisladores a abordar el tema, así como de la perseverancia de activistas en pro de la diversidad sexual; asimismo, significa una esperanza rumbo a un ejercicio legislativo cada vez más libre de prejuicios y apegado a la realidad.
Paso lento
l pasado 15 de febrero el Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos la Ley para las Personas de Diversidad Sexual y
En Guanajuato alrededor de 228 mil personas se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+. Muchas de ellas enfrentan día a día discriminación o incluso agresiones.
Tan sólo en 2022 se iniciaron 638 carpetas de investigación por delitos contra integrantes del colectivo. La asociación LGBT Rights tiene documentados 26 crímenes de odio.
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La violencia psicológica que a veces comienza en el núcleo familiar se extiende al ámbito escolar, laboral e institucional. El rechazo se convierte en odio con una facilidad apabullante, conductas como la homofobia son reforzadas por el machismo, las redes sociales son escenario perfecto para diseminar discursos discriminatorios que escalan de la burla (jamás inocente) a la intimidación.
Entre los derechos de las personas de la diversidad sexual que se enumeran, hay algo que llama la atención. Se habla del derecho a la libertad, seguridad, salud, educación, trabajo, participación política, cultura; son derechos básicos que corresponden a cualquier individuo. La necesidad de legislar para poder garantizarlos a la comunidad LGBTQ+ nos confirma la falta de igualdad que persiste en pleno siglo XXI.
En un pasado no muy lejano, las mujeres y afrodescendientes lucharon por el mismo respeto a su dignidad, el reconocimiento a su condición de personas. A paso lento se avanza rumbo a una sociedad igualitaria, justa, que no encuentre en las diferencias amenazas, sino pluralidad de opiniones y alternativas.
Salud, el gran tema
Arturo Álvarez, presidente de la asociación Desarrollo Humano y Sexual (Dehusex), manifestó que esta ley brinda seguridad a la comunidad LGBTQ+, considera que entre sus beneficios ahora podrán “defender el tema de la salud, porque existen nubes en ese sentido”.
El pasado mes de diciembre el Congreso local anunció la inversión de 11 millones de pesos para abrir una clínica que atienda a las personas de la diversidad sexual. Se pretende ubicarla en el antiguo Hospital General de León. Sería la segunda en su tipo a nivel nacional después de la Clínica Trans de la Ciudad de México.
Luego de que el registro civil autorizara los matrimonios igualitarios, este proyecto es otra acción concreta en apoyo de los guanajuatenses LGBTQ+.
Desde que en la década de 1980 se asoció la epidemia de VIH a la homosexualidad, proliferan los tabús, estigmas y prejuicios en torno a las personas de la diversidad sexual. Asimismo, las mujeres trans enfrentan incómodas y humillantes situaciones al acudir a consultas médicas, varias refieren que incluso se les ha negado la atención.
La ley recién avalada en el Congreso genera gran expectativa en este respecto. “Nos va a incluir en muchas agendas del gobierno”, declaró optimista Arturo Álvarez.
El activismo LGBTQ+ ha jugado un papel crucial en la conquista de estos logros. Las asociaciones, grupos y organismos que defienden sus derechos, no han bajado la guardia y han conseguido no sólo visibilizar sus problemáticas y sensibilizar a la ciudadanía, sino involucrar a las autoridades y presionarlas a trabajar en busca de un estado tolerante e inclusivo.
Representatividad
Cada vez es mayor la presencia de integrantes de la comunidad en los cargos públicos. La regidora Lucía Verdín, el excandidato a la alcaldía de León, Juan Pablo Delgado, la diputada federal Salma Luévano, son sólo algunos ejemplos.
La representatividad es importante.
En este sentido, las mujeres han conquistado bastante terreno. No se trata de cubrir cuotas, sino de distribuir el poder y la toma de decisiones entre quienes han experimentado las carencias, abusos y restricciones que gobernantes y demás autoridades deben combatir.
En tiempos electorales tendremos oportunidad de observar qué tanto ha evolucionado la política no sólo en nuestro estado, sino en nuestro país; qué tanto se abren espacios a la diversidad por igualdad y no por buscar el voto de sectores que al conseguir un cargo, son olvidados.
Evidentemente, falta mucho camino por recorrer. La Ley para las Personas de Diversidad Sexual y de Género es un avance significativo que se espera de verdad dé resultados y se traduzca en acciones concretas.
La demora de cuatro años para hacerlo, las trabas que aún tienen iniciativas como la legalización del aborto, revelan que los prejuicios y la moral siguen latentes.