EL PURO PASO POR GUANAJUATO
LO HAN ADVERTIDO ACTIVISTAS, ACADÉMICOS, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA; LA PRESENCIA Y ACTUACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN ESTADOS EN PLENA CRISIS DE VIOLENCIA COMO GUANAJUATO, ES POCO MENOS QUE TESTIMONIAL AL TENER LA MISMA ORDEN DE ORIGEN: NO CONFRONTAR DIRECTAMENTE A LOS GRUPOS CRIMINALES.
De acuerdo con la información dada a conocer, en Guanajuato hay actualmente 6 mil 440 elementos, lo que convierte a esta entidad en la tercera con más presencia militar, solo por detrás de Ciudad de México y Estado de México. Sin embargo, este despliegue de poco ayuda cuando en promedio son tres tres agentes por cada detenido que ha sido reportado en los últimos tres años.
La coordinación de la Guardia Nacional en Guanajuato a cargo de Rogelio García Pérez, prácticamente se ha dedicado a administrar las tropas que salen y entran del estado siempre con la misma consigna de no actuación y sólo acompañamiento a las corporaciones locales. Una postura que refleja en sí misma la menguada estrategia de seguridad empleada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Incluso, para algunos analistas el evitar la confrontación es una de las razones que han derivado en la contención de los homicidios dolosos, un fenómeno presente en Guanajuato que mucho impacta en los números pero no en la seguridad al mantener intacta la dinámica de violencia criminal.
Apenas llevan poco más de una persona detenida y menos de un arma decomisada al día, las cifras de la Guardia Nacional en Guanajuato evidencian cómo no hacer poco o nada puede ser en sí mismo una postura. Su llegada en los momentos de crisis prácticamente es reactiva y posterior.
Un agravante es su correlación con las fuerzas de seguridad estatales. La Guardia Nacional se ha convertido en el argumento favorito del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, para aseverar coordinación cuando se le cuestiona por la operatividad que se realiza en regiones conflictivas, pero para deslindarse cuando se trata de delitos de alto impacto.
A lo anterior se le suman las mesas de coordinación interinstitucional, cuyas acciones más relevantes se han resumido en plantear cierre temprano de bares y la prohibición de carreras de caballos y peleas de gallos.
En suma, se trata del despliegue masivo de militares uniformados como agentes civiles, cuyas labores son ínfimas frente a un escenario trágico.