GUANAJUATO, TERRITORIO LIBRE PARA LA TORTURA
La violencia y la impunidad son una combinación tóxica que ha invadido a México y a Guanajuato. Pero cuando ambas son atribuibles a las autoridades que, se supone, velan por la seguridad y la procuración de justicia, esta adquiere otro nivel de gravedad en un campo desierto de instituciones y estado de derecho.
La tortura justamente es el delito que resulta de todo ese cóctel de desgarradoras anomalías, que en nuestro país es analizado, medido y diagnósticado a través del Observatorio contra la Tortura, cuyo periplo para lograr la información pública sobre este delito, así como sus resultados mismos, dan cuenta de un sistema de justicia completamente inoperante.
Hay impunidad total en las 418 averiguaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre, entre 2014 y 2022. De estos casos, 20 se han ido al archivo temporal y en 40 se dictó el no ejercicio de la acción penal. Los 358 casos restantes están abiertos y sin avances.
El artículo 10 de la Ley Orgánica de la FGE indica la necesidad de instrumentar una Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura que indicó tener, pero sin informar su presupuesto y agentes asignados. La verdad es que no existe en el directorio persona alguna asignada.
La incongruencia sobre los casos de tortura se recrudecen cuando se da cuenta de 122 peritajes realizados por la misma FGE con su equipo de nueve peritos especializados, pero dijo no haber encontrado un sólo caso positivo. Otros cinco peritajes ha realizado la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) a cargo de Vicente Esqueda Mendez.
Incongruencia aparte son los registros nacional y estatal de víctimas de tortura, pues mientras la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas que encabeza Jaime Rochín del Rincón tiene diez, sus homólogos nacionales ya han asistido a 90 con su fondo de ayuda.
En suma, la vía libre para la violencia y la impunidad de un estado en crisis.