UG: OBSTÁCULOS “POR SEGURIDAD”
La respuesta de la Universidad de Guanajuato (UG) al rechazo de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa contra sus medidas de control de acceso a sus instalaciones públicas, dejó en claro que las motivaciones obedecen a una molestia coyuntural que sólo es atribuible a la intervención de los funcionarios que heredó el rectorado de Luis Felipe Guerrero Agripino.
En su postura, se aduce que el ejercicio de la libertad de expresión “entraña deberes y responsabilidades especiales como son las de asegurar el respeto a la vida privada y los derechos de terceros, así como la protección al orden público”. Un planteamiento interesante pero que resulta ser un “hombre de paja”. ¿En qué momento se han puesto en riesgo?
Fijado el punto anterior, la UG que encabeza Claudia Susana Gómez López se asume como “garante del ejercicio de otros derechos fundamentales como son los derechos humanos universitarios, los relacionados con la seguridad y protección civil en las instalaciones de las y los estudiantes”. Excelente, pero aplica la misma pregunta planteada líneas arriba.
Esas son las razones fundamentales que motivaron a solicitar un oficio para iniciar una lista de control que acredite con anterioridad a los periodistas para entrar a sus instalaciones. Sí, lo recalcan, “proporcionando datos personales que les permitieran su identificación”.
La realidad es que el último capítulo donde funcionarios universitarios aún vigentes en la administración actual, como Cecilia Ramos Estrada y Salvador Hernández Castro, fueron exhibidos en su falta de pericia, fue durante las últimas protestas estudiantiles derivadas del desaseado proceso de sucesión en la rectoría general.
De ahí pues, la sospecha de la autoría de estas insultantes medidas que colocan a los periodistas en calidad de posibles agresores y que de paso exhiben el total desconocimiento de la línea entre lo público y lo privado.