EL NUEVO E INCOMPRENSIBLE DISLATE EN LA UG
NO SE PUEDEN ENTENDER LAS MOTIVACIONES QUE TENDRÍA LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO (UG) PARA PRESENTAR, RATIFICAR O ATESTIGUAR UN PROCESO PENAL CONTRA SIETE DE LOS ESTUDIANTES QUE ENCABEZARON LA TOMA DE LA RECTORÍA A RAÍZ DEL PROCESO DE SUCESIÓN.
Más incomprensible se vuelve pensar que la rectora general Claudia Susana Gómez López, haya tenido conocimiento de dicho procesos cuando inició su gestión asumiendo los diálogos con los estudiantes que participaron en la última protesta estudiantil con la que cerró el periodo su antecesor Luis Felipe Guerrero Agripino.
Esta semana, los siete estudiantes aludidos fueron notificados de sendas investigaciones abiertas en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Un movimiento incomprensible que tendrá que aclararse y justificarse a la luz de la verdad. De no tener fondo ni forma, se convierten en un innecesario frente abierto para la máxima casa de estudios del estado.
“Claramente es una cacería de brujas”, advierten los universitarios que fueron notificados con toda razón, pues la resulta que el común denominador en los momentos más álgidos de las manifestaciones del año pasado, es la presencia de funcionarios universitarios impulsados por Guerrero Agripino, que han prevalecido tras la sucesión en la rectoría.
Por ello es vital conocer si la rectora general actual supo de origen las denuncias o investigaciones que se presentaron o que se emprendieron desde la FGE. Hasta ahora, la respuesta oficial de la vocería universitaria se ha limitado a indicar que ambas partes han sido notificadas, por lo que no opinarían más al respecto. Así que las dudas vienen patrocinadas por la misma UG.
No hay mucho margen para las sospechas. Estos procesos habrían sido abiertos en el inicio de las protestas cuando la entonces Secretaria General, Cecilia Ramos Estrada y el otrora Secretario de Gestión y Desarrollo -hoy Secretario GeneralSalvador Hernández Castro, las atendieron infructuosamente, o se iniciaron ya con Gómez López en plena negociación.
Por otro lado, no deja de ser un contrasentido que mientras la fiscalía de Carlos Zamarripa Aguirre acelera las correspondencias que implican a siete estudiantes actualmente activos en la UG, haya congelado totalmente las indagatorias sobre el allanamiento al Periódico Correo que el propio Guerrero Agripino y 50 de sus subordinados cometieron.
Así, con procesos penales con los que se corre el riesgo de provocar una nueva crisis universitaria, Claudia Susana Gómez López recibió una UG con interminables fierros en la lumbre. Toda una disyuntiva que le obligará a mostrarse autónoma e independiente respecto a su antecesor, o de plano con la disposición para afrontar tragos amargos heredados.