DECLARAN CORRUPTA A ASOCIACIÓN DEL RIFLE
EL JURADO DETERMINÓ QUE WAYNE LAPIERRE MALGASTÓ MILLONES DE DÓLARES DEL DINERO DEL GRUPO EN COSTOSOS BENEFICIOS
La Asociación Nacional del Rifle y su antiguo líder fueron declarados responsables en una demanda centrada en los generosos gastos de la organización.
El jurado de Nueva York determinó que Wayne LaPierre, quien fue director ejecutivo de la NRA durante tres décadas, malgastó millones de dólares del dinero del grupo en costosos beneficios para ellos mismos.
LaPierre, de 74 años, se sentó con cara de piedra en la primera fila de la sala del tribunal mientras se leía el veredicto en voz alta.
El veredicto es una victoria para la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata que hizo campaña para investigar la condición de organización sin fines de lucro de la NRA. Es el último golpe al poderoso grupo, que en los últimos años se ha visto acosado por problemas financieros y una membresía cada vez menor. LaPierre, su rostro desde hace mucho tiempo, anunció su dimisión en vísperas del juicio.
Los jurados ordenaron a LaPierre pagar 4.351.231 dólares en restitución. El abogado general de la NRA, John Frazer, y el jefe de finanzas retirado, Wilson Phillips, también fueron acusados en el caso.
Cualquier sanción pagada por LaPierre u otros volvería a la NRA, que fue retratada en el caso como un acusado que carecía de controles internos para evitar gastos indebidos y como una víctima de esa misma mala conducta.
James también quiere que a los tres hombres se les prohíba ocupar puestos de liderazgo en cualquier organización caritativa que realice negocios en Nueva York. Un juez decidirá esa cuestión durante la siguiente fase del juicio en la Corte Suprema del estado.
Otro exejecutivo de la NRA convertido en denunciante, Joshua Powell, llegó a un acuerdo con el estado el mes pasado, aceptando testificar en el juicio, pagar a la NRA 100 mil dólares y renunciar a una mayor participación en organizaciones sin fines de lucro.
James demandó a la NRA y a sus ejecutivos en 2020 bajo su autoridad para investigar organizaciones sin fines de lucro registradas en el estado.
Originalmente intentó disolver toda la organización, pero el juez de Manhattan Joel M. Cohen dictaminó en 2022 que las acusaciones no justificaban una “pena de muerte corporativa”.