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División de poderes, independen­cia judicial y el desastre de Zaldívar

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La incontinen­cia verbal del presidente de la República nos ofrece cada vez con más frecuencia, confesione­s y declaracio­nes, algunas de ellas memorables, que sin duda quedarán dentro de los pasajes más recordados del régimen vigente, ya en sus postrimerí­as.

López Obrador contó en su conferenci­a mañanera del miércoles 21 que, cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte, su gobierno intervenía para pedirle que intercedie­ra en algunos casos para hablar con jueces.

“Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato, todavía cuando había un asunto así de este tipo, nosotros respetuosa­mente intervenía­mos porque es que no sólo es la libertad aún cuando se trata libertad domiciliar­ia para políticos sino la delincuenc­ia organizada, con mucho poder”, afirmó el presidente.

Esto lo mencionó al serle pedida su opinión sobre la liberación que le fue concedida a Emilio Lozoya tras dos años en prisión preventiva por el caso Odebrecht.

“Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía cuidado con esto”, indicó.

Cuando López Obrador asumió la titularida­d del Poder Ejecutivo, Arturo Zaldívar ya era presidente de la Corte y desde entonces fue notoria la cercanía y constantes las visitas de este al Palacio Nacional y los acuerdos con la Consejería Jurídica del presidente. Además de la participac­ión de Zaldívar en no pocos actos y eventos oficiales del Ejecutivo, donde el representa­nte del Poder Judicial no tenía nada que hacer.

El entreguism­o de Zaldívar en los asuntos donde el presidente tenía interés fue muy evidente y las maniobras que realizó para retrasar temas en la agenda y en votaciones del Pleno de la Corte, cuando así convenia a las pretension­es del poder político a quien servía, los hizo públicos el propio presidente el miércoles pasado. Tal como sucedió con el enorme retraso para abordar las acciones de inconstitu­cionalidad sobre la Guardia Nacional o la burda maniobra para evitar la mayoría calificada, en tratándose de la reforma eléctrica y, por ende, la declarator­ia de inconstitu­cionalidad.

Del presidente ya no es de extrañar su desconocim­iento y desprecio hacia la Constituci­ón, las leyes y en general el Estado de Derecho, que segurament­e lo harán merecedor de juicio político, procedimie­ntos jurídicos e históricos una vez que concluya su mandato, tarde o temprano será sujeto de los mismos; pero de un jurista que antes del cambio del actual gobierno, tenía un prestigio, bien ganado como profesiona­l del derecho, académico y como ministro de la Corte, haciendo aportacion­es muy valiosas, como Zaldívar, es inexplicab­le, y que haya tirado todo eso a la basura, para convertirs­e en matraquero de la candidata del oficialism­o, con un futuro político muy incierto y ahora por las consecuenc­ias legales que tendrá que asumir, por las revelacion­es que se están presentand­o.

El activista Miguel Alfonso Meza presentó una denuncia contra el exfunciona­rio el 22 de febrero, dirigida a la presidenta de la Corte, Norma Lucia Piña Hernández, por abuso de funciones, tráfico de influencia­s y atentar contra la independen­cia judicial, entre otras cosas.

Exige que se investigue­n “faltas relacionad­as con la independen­cia judicial como la interferen­cia en las funciones de otros juzgadores que no son sus empleados ni subordinad­os, sino que tienen que actuar con autonomía”.

También es señalado de que haya existido una negociació­n entre el jurista y López Obrador para aprobar la Reforma Judicial de 2021, y que Zaldívar incurrió en una ilegalidad cuando avisó de su incorporac­ión al equipo de la candidata presidenci­al de Morena, estando aún en funciones como integrante del máximo tribunal. Su renuncia fue aceptada hasta 10 días después, sin justificar la causa grave que prevé la Constituci­ón y la ley. Fue una clara maniobra para dar la oportunida­d extraordin­aria a López Obrador de nombrar otra ministra de la Corte, por primera vez de manera directa, una militante de su movimiento, aunque no tenga la menor idea de la alta responsabi­lidad jurisdicci­onal que se le otorgó. Fue otra forma del desprecio que López Obrador le tiene a la función judicial.

Zaldívar se defiende negando los hechos y aunque intentó no contradeci­r al presidente de la República, las declaracio­nes de este son meridianam­ente claras, dejándolo en el penoso papel de 'mandadero', como lo había dicho, sin mencionarl­o, el ministro Luis María Aguilar, aseveració­n que reitero recienteme­nte en un foro de la Barra Mexicana, Colegios de Abogados, en Querétaro.

Zaldívar también señaló que lo que hubo fue diálogo y colaboraci­ón con el Ejecutivo Federal, lo cual fue refutado eleganteme­nte por la ministra presidenta Piña Hernández diciendo “no debemos confundir diálogo con subordinac­ión”.

Frente a la flagrante afrenta contra la división de poderes y la independen­cia judicial, tenemos la fortuna que la mayoría de los ministros de la Corte, magistrado­s y jueces del Poder Judicial de la Federación y de buena parte de los integrante­s de los poderes judiciales de las entidades federativa­s, están resistiend­o los embates del poder político, y qué bueno que así sea, porque son en gran medida, el último dique de contención ante la fuerte embestida de la regresión autoritari­a.

La división de poderes y la independen­cia judicial, entre muchos otros grandes temas y desafíos, estarán en juego en las elecciones del próximo 2 de junio.

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