GOBIERNO DE AMLO DESAIRA AUDIENCIA EN LA CIDH
El desinterés y desdén con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador atendió la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para atender el tema de la protección a las buscadoras de personas desaparecidas terminó por mostrar la indolencia de un Estado mexicano sin un ápice de voluntad política.
Con toda razón, las buscadoras y organizaciones defensoras de derechos humanos reprocharon la ausencia presencial y la raquítica participación que de manera remota tuvieron funcionarios de medio nivel en la audiencia que fue solicitada desde el año pasado por colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos y que fuera confirmada desde enero.
La representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños Rivas, acudió de forma presencial junto al consejero Martín Jesus Muñoz Ledo Villegas, para anunciar a los participantes del Estado mexicano, pues ni siquiera la presidenta comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, obtuvo el dato con antelación.
Ni siquiera de forma remota la audiencia fue tomada por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Reyes. La Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján se la asignó a la directora de Vinculación y Políticas Públicas de la CNB, Xasni Pliego Granillo, ya Norma Herrera García cuyo cargo ni siquiera está claro en los tabuladores oficiales.
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, fue quien completó la tripleta que representó al Estado mexicano en video llamada pero con su director de derechos humanos y democracia, Roberto Armando de León Huerta.
Como era de esperarse, la réplica del Estado mexicano fue raquítica y meramente burocrática y testimonial. Una triste y desoladora muestra de desinterés, frente a una circunstancia trágica de la que ha surgido una consigna que resume la nueva causa de las buscadoras: “Buscar no debe costar la vida”.