UG: LA RECTORA ASUME LA PERSECUCIÓN ESTUDIANTIL
Sin interés de afrontar la controversia, detener la criminalización estudiantil o de plano de argumentar en “honor la verdad” -quizá porque no la hay-, la rectora general de la Universidad de Guanajuato (UG), Claudia Susana Gómez López, parece haber decidido asumir como propia la persecución de los siete estudiantes que encabezaron las protestas de septiembre de 2023.
Para entender esto ya no basta sólo ver la mano del exrector Luis Felipe Guerrero Agripino y los exsubordinados que siguen en funciones, detrás de esta evidente represalia. No se puede dejar de lado que la movilización estudiantil se originó precisamente durante el proceso sucesorio que terminó por entregar la rectoría a Gómez López, quien fue señalada como la aspirante oficial.
Por ello, las denuncias por los supuestos daños al patrimonio histórico y artístico de la UG que le acusan a los estudiantes no puede ser sino una acción concertada, pero ineludiblemente a cargo de la rectora general, quién no midió o no le importaron las consecuencias de perseguir a un grupo de universitarios.
El reflejo completo de esta circunstancia se vio ayer en el Informe Anual del Campus Guanajuato. Uno de los estudiantes acusados no se quedó con los brazos cruzados. Aprovechó la presencia de Claudia Susana para protestar en contra de la represalia de la que ha sido objeto junto a sus compañeros y la reacción no podría ser más ilustrativa.
La protesta del estudiante se hizo visible cuando la rectora general terminó de dar su mensaje. Al centro del salón alzó la voz y ella se mantuvo impávida. Fue entonces que el área de difusión decidió cortar la transmisión en vivo del evento, algo que ni siquiera ocurrió cuando los mismos jóvenes irrumpieron en las sesiones de la comisión especial de la sucesión en la rectoría.
Así pues, el papel de Claudia Susana Gómez López en todo este entramado es medular. Ella afrontó las negociaciones para que cesara la toma de la rectoría y recibió las oficinas. Si alguien documentó daños que no estuvieron a la vista pública fue ella, por lo que la principal autora de esta denuncia que la Fiscalía General del Estado retomó como “de oficio”, fue la rectora general.