UG: UN VERGONZOSO CIERRE DE PUERTAS
Y ASÍ COMO ASÍ, LA RECTORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO (UG) RECURRIÓ A UNA MENTIRA ABSURDA PARA TRATAR DE DESANIMAR UNA POSIBLE PROTESTA EXTENDIDA EN SUS INSTALACIONES EN EL MARCO DEL 8 DE MARZO, CON COLECTIVOS FEMINISTAS QUE HAN SIDO CATALIZADOR DE LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES.
Fue la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) la que desmintió la farsa de un presunto brote de Covid-19 en el Edificio Central de la UG, que supuestamente motivó el cierre de las instalaciones donde se llevan a cabo actividades de la División de Derecho, Política y Gobierno, precisamente a la que están adscritos la mayoría de los estudiantes acusados de dañar el patrimonio universitario.
En el colmo de la falsedad, la rectora general Claudia Susana Gómez López ordenó que el cierre se efectúe de viernes a domingo, como si fuera un puente vacacional cualquiera. Ni siquiera se tomaron los diez días mínimos que los protocolos antiCovid indican.
Como era de esperarse, la medida fue tomada con toda suspicacia por parte de estudiantes y profesores. Los primeros se dieron vuelo recalcando en redes sociales una medida como esta que sólo denota una debilidad institucional notable. Bastó consultar con el Centro de Atención Integral en Servicios Esenciales de Salud (CAISES) para desmentir el presunto brote de Covid.
Pero más allá de la vergonzosa actitud de la alta burocracia universitaria, este acto revela una mínima altura de miras ante lo que está gestando al interior de la UG.
Un estallido estudiantil podría convertirse en el gran tema nacional ante la displicencia del gobierno estatal y federal. Tan sólo la garantía de ayuda que le dio Andrés Manuel López Obrador a los estudiantes a través del Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, se quedó en ello, pues estos son los tendrán que trasladarse a la CDMX para visitarlo.
Por su parte, el gobierno estatal se ha excusado en la autonomía universitaria para no intervenir al menos como mediadores y evitar otra terrible. Ni el riesgo de que la gobernabilidad se ponga en duda con una nueva y masiva protesta universitaria ha removido al Secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, o al Secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza.
Es así que la persecución que urdió la UG junto a la Fiscalía General del Estado a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, ha comenzado a dimensionarse como una verdadera e infame afrenta contra la libertad de expresión. Que la rectora haya roto su compromiso de no arremeter con represalias contra los jóvenes que tomaron la rectoría entre septiembre y noviembre del año pasado, ya es lo de menos.