UG: CAPACIDAD PARA ‘CREAR’ CONFLICTOS
EN UNA OPERACIÓN QUE OBLIGÓ A QUE LA RECTORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO (UG), CLAUDIA SUSANA GÓMEZ LÓPEZ, DEJARA LA DISPLICENCIA PARA PRESENTARSE ANTE LOS SIETE ESTUDIANTES INDICIADOS POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (FGE) POR COMETER PRESUNTOS DAÑOS AL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA CASA DE ESTUDIOS, SE LOGRÓ UN ACUERDO QUE NO HACE MÁS QUE CONFIRMAR LO INNECESARIO DE ESTE DISLATE.
“Lo anterior reafirma el compromiso y capacidad institucional de resolver nuestros conflictos a través de las vías pacíficas, la autonomía y nuestra normatividad universitaria”, indicó la UG al cierre de su comunicado en un alarde de comedia involuntaria, pues se trata de un conflicto reavivado e iniciado desde la cabeza de la propia institución.
Todo aparentemente se resolvió en la reunión que concedió el subsecretario de educación superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, un ingrediente que terminó por movilizar a la rectora luego de que fuera confrontada en la propia UG durante una ponencia. Los estudiantes criminalizados la retaron y ella atendió el llamado.
A juzgar por los acuerdos firmados, eso sí, en una minuta, se confirma el despropósito de una denuncia por daños al patrimonio, que terminó abierta de oficio por la Fiscalía Especializada en delitos de Alto Impacto. De entrada se comprometieron a desistir de la acción penal que sin duda pretendía criminalizar la protesta y propiciaba una persecución.
Muestra de lo anterior se refleja en el propio expediente que finalmente la FGE entregó a los asesores legales de los siete jóvenes. En este se indicó que la imputación concreta contra los estudiantes se dio en su calidad de líderes del movimiento estudiantil que implicó la movilización de al menos 22 estudiantes, es decir, la acusación contiene una valoración política y no de investigación de los hechos.
Los montos que la FGE contempló en la denuncia, en realidad son cuatro veces mayores a los 200 mil pesos que declaró el área de inmuebles de la UG. Cerca de 750 mil pesos era la cantidad calculada que contemplaba lo que tendría ser considerado un muladar, pues se consignan no sólo daños a obras de arte sino al edificio y hasta a su piso de mármol. Toda una acusación con intenciones inhibitorias.
Por ello, aunque por el momento el asunto puede quedar zanjado, los estudiantes precisaron elementos clave en la relación minada de la rectoría general de la UG con su estudiantado, pueda pesar de que se firmaron compromisos y acuerdos desde el 3 de octubre de 2023, tres días después se inició la carpeta de investigación en su contra. “Han dado ejemplos suficientes para desconfiar”, advierten con razón.
“Este espacio de diálogo solo se pudo consolidar gracias a la presión mediática ejercida por la sociedad civil, comunidad estudiantil y los organismos defensores de derechos humanos. Es por ello que les agradecemos por su apoyo, sin embargo, la lucha no termina aquí”, puntualizan los estudiantes, hoy, más fortalecidos que hace cinco meses.