LA EXTORSIÓN AGRAVADA POR LA VIOLENCIA

Si hay un delito que caracterizará al sexenio que está por concluir, sin duda es el de la extorsión. Un delito cuya mayor complejidad para diagnosticar radica en la falta de un marco que defina sus diferentes modalidades, hasta ahora envueltas en el mismo costal pese a sus radicales diferencias.

¿Es el cobro de piso, un delito de extorsión agravado por la violencia, el que ha provocado un incremento en las denuncias al grado de promediar dos denuncias diarias? Con el marco legal y conceptual de Guanajuato es difícil saberlo. De hecho ese ha sido el escape perfecto para justificar las cifras para el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appenidi.

Por eso debe preocupar que hasta el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia de León, Jaime Gallardo Saavedra, afirmó que el delito de la extorsión ya permea en toda la ciudad pues se comete a empresarios, comerciantes y profesionistas con una cifra negra que llegaría al 80 por ciento por la falta de denuncia.

Desde otra trinchera, la directora del Observatorio Ciudadano de León, Mayra Georgina Legaspi Tristán, ha advertido que no hay ninguna figura legal que de nitidez al delito de extorsión, específicamente en su modalidad de cobro de piso, por ello la importancia de que se generen normativas acordes a lo que hoy presentan los mismos delitos.

Hoy por hoy lo que permea es el temor a un desborde de la violencia concretamente en los casos que envuelven la extorsión con el cobro de piso que, para colmo de males, suele perpetrarse entre pequeñas y medianas empresas, tal y como se mostró en Celaya con toda su crudeza, avisando la virulencia de este delito ya presente en los municipios del corredor industrial de Guanajuato.