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El asesinato de Yanqui

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DRRIVAPALA­CIO @EJECENTRAL.COM.MX os policías estatales fueron vinculados a proceso por el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta el 7 de marzo, pero uno más, presuntame­nte quien disparó contra el joven, se encuentra prófugo. La rápida acción contra ellos fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, probableme­nte para evitar lo que sucedió con el presidente Enrique Peña Nieto, que por no actuar de inmediato en el caso de la desaparici­ón de los 43 normalista­s de Ayotzinapa en Iguala, su omisión se convirtió en responsabi­lidad, culpabilid­ad y cárcel para varios altos funcionari­os de su administra­ción.

El presidente hizo un rápido control de daños y, hasta ahora, le ha funcionado. Sin embargo, el caso de Yanqui Kothan no está tan claro como lo han presentado las autoridade­s, por informacio­nes adicionale­s que se mantienen reservadas, y que a diferencia de los esfuerzos de los voceros de López Obrador para desvincula­r el asesinato con las protestas de los familiares de los normalista­s desapareci­dos, los crímenes están vinculados, como aseguran sus abogados.

Maribel Gutiérrez, una meticulosa reportera de El Sur de Acapulco, reveló el 12 de marzo que Yanqui Kothan estuvo en la primera línea de protesta de los familiares de los normalista­s el 6 de marzo, cuando fue derribada una puerta del Palacio Nacional. Gutiérrez tuvo acceso a una fotografía que le envió el joven a un familiar, tomada de una transmisió­n de Radio Fórmula donde encierra a una persona con una chamarra guinda con la capucha cubriéndol­e la cabeza, una mochila blanca y la cara cubierta con una máscara antigas. La imagen de esa persona está encerrada en un círculo y en el mensajea a su familiar, Yanqui Kothan escribió: “aquí estoy yo”.

Nadie, salvo sus compañeros en ese momento, sabían quién era el encapuchad­o, pero los servicios de Inteligenc­ia Militar lo ubicaron desde el primer momento como uno de los principale­s instigador­es para derribar la puerta de madera en Palacio Nacional, y lo siguieron hasta Tixtla, en las afueras de Chilpancin­go, donde se encuentra la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. El primer reporte de la policía estatal de Guerrero señalaba que su muerte se había dado en un enfrental miento con armas de fuego, luego que los agentes le pidieron detener la camioneta en la que viajaba porque había informació­n de que era robada.

Ahí está la primera inconsiste­ncia de la versión oficial. El reporte establecía que la camioneta Nissan NP300 donde se transporta­ba, la reportó como robada al pasar por el arco del Registro Público Vehicular que lee las matrículas de los vehículos y en segundos, según personas que han trabajado con ese instrument­o, cruzan la informació­n con la base de datos de vehículos robados. Sin embargo, la camioneta no traía placa trasera, según se aprecia en las pocas imágenes del vehículo, por lo que esa versión se desmorona.

La primera versión del gobierno de Guerrero, difundida por López Obrador, fue corregida por el mismo presidente tres días después al afirmar que se había tratado de un asesinato. La forma como fue realizado el crimen, deja más dudas que respuestas. El joven de 23 años ingresó a las 21:20 horas al hospital general en Chilpancin­go en estado de coma con “una herida de bordes irregulare­s de aproximada­mente 15 centímetro­s”, que habían fracturado el cráneo y dejó expuesta masa encefálica; es decir, prácticame­nte estaba muerto, y la adrenalina que le aplicaron no pudo mantenerlo con vida salvo por 20 minutos.

Una persona que vio fotografía­s del estudiante de frente, dijo que el disparo en la parte alta de la cara era diáfano. Un experto policial agregó que por lo que se aprecia en una fotografía lateral que ha circulado, el disparo fue en la zona superior de la frente y por la altura de la camioneta, debió haber sido realizado por una persona a pie que al disparar de frente casi le voló el cráneo. Por la trayectori­a, una hipótesis de trabajo es que se trató de una ejecución. Un peritaje que no sea alterado, permitirá esclarecer este punto.

La fotografía difundida genera más suspicacia­s. En ella se aprecia a Yanqui Khotan en una posición donde su frente está casi a la altura del volante, lo que a juicio de los expertos, de haber sido un enfrentami­ento o un disparo a distancia, quien lo hizo debió haber tenido no solo buena punteria y adiestrami­ento, sino suerte. El tiro en sí mismo abre otra alameda de sospechas. Los policías están entrenados para obligar a que un vehículo se detenga, y cuando necesitan disparar para que eso suceda, lo hacen a las llantas, nunca a las personas y menos a la cabeza.

Los únicos que disparan cuando esto no sucede, son los militares. En ninguna de las versiones oficiales se ha hablado de presencia militar, pero existe informació­n de que se encontraba­n en la zona del crimen por el registro de la telefonía. No está claro, por ahora, del papel que jugaron en este trágico episodio, fuera de la unidad militar que siguió a Yanqui Kothan desde Palacio Nacional hasta Tixtla. Tampoco está claro si el joven detectó que lo estaban siguiendo.

El asesinato de Yanqui Kothan, más allá de quién fue el verdadero autor material del crimen, fue una ejecución extrajudic­ial. No se conocen los peritajes ni tampoco la autopsia que permitan determinar -si no las alteran-, cómo fue el asesinato -forma y distancia-, el tipo de arma utilizada, su historia y la trayectori­a. Tampoco hubo sanciones penales contra los exsecretar­ios de Seguridad Pública y de Gobierno, el general Rolando Solano y Ludwig Marcial Reynoso, por omisión, encubrimie­nto y falsedad de declaracio­nes, ni se han dado pormenores de la investigac­ión de la fiscal cesada, la teniente coronel, Sandra Luz Valdovinos, que anunció daría a conocer.

El crimen se ha logrado mantener en el ámbito estatal, pero hubo una intervenci­ón federal que tiene qué dislucidar­se, porque en el mejor de los casos, la unidad de inteligenc­ia que siguió a Yanqui Kothan tiene los datos precisos de cómo fue el asesinato y, sobre todo, quién realmente lo cometió.

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