UG: DENUNCIA DE OFICIO O POR QUERELLA
La promesa de cesar la persecución en contra de los siete estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) que lideraron las protestas de septiembre del año pasado, aún está truncada y por razones de origen.
La verdad es que la rectora general de la UG, Claudia Susana Gómez López, se comprometió a retirar la denuncia por daños al patrimonio universitario, sin que esto sea algo que, si bien está en sus manos como cabeza de la institución, no domina completamente.
No se puede desligar esta acción criminalizadora contra la manifestación estudiantil de la figura del exrector Luis Felipe Guerrero Agripino y sus exsubordinados rescatados por Claudia. Fue él quien desapareció de la escena pública mientras los jóvenes tenían tomada la rectoría y fue él quien fincó una relación de complicidad con el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.
Ya en funciones, la rectora acudió al encuentro de los estudiantes para lograr la liberación de las oficinas, bajo el compromiso de no tomar represalias en su contra. No pasó ni una semana, cuando autorizó -o la obligaron a autorizar- la presentación de una denuncia que en los hechos legales, motivó que la propia FGE abriera la carpeta de oficio y no a petición de parte.
De entrada, no tiene lógica que la rectora haya pretendido cerrar un frente para luego abrirlo. Igual de extraño fue su viaje relámpago a la Ciudad de México, para negociar nuevamente con los estudiantes frente al subsecretario de educación superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez. Ahí se comprometió a retirar una denuncia pero es fecha que la FGE se mantiene sin cambios.
Así que con antecedentes como estos, más vale que la rectora de la UG se asegure que, esta vez, el círculo agripinista respete sus acuerdos de solución con los estudiantes.