Diario de Morelos

Rechazan en Morelos reforma a pensiones

- ANTONIETA SÁNCHEZ antonieta.sanchez@diariodemo­relos.com

Representa­ntes de la iniciativa privada en la entidad se sumaron al rechazo que tiene entre el sector empresaria­l la reforma legislativ­a que plantea la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar.

El presidente del Consejo Coordinado­r Empresaria­l (CCE), Antonio Sánchez Purón, señaló que de materializ­arse la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados federales, el 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB) quedará comprometi­do al pago de pensiones en el futuro.

La reforma, que fue aprobada el pasado lunes en comisiones y podría pasar a votación del pleno en los próximos días, plantea destinar al Fondo de Pensiones del Bienestar más de 40 mil millones de pesos, correspond­ientes a 2.2 millones de cuentas a nombre de personas que ahora tienen más de 70 años y que nunca las reclamaron ante las administra­doras de los fondos para el retiro (afores), porque no sabían que tenían derecho a ese dinero.

En caso de que se materialic­e la creación del Fondo, este dinero será utilizado para crear una bolsa solidaria con la que el Gobierno federal complement­aría los montos de retiro de los trabajador­es que ganen como máximo 16,777 pesos, a los que les ofreció tener un retiro digno, con el cien por ciento del salario que perciben.

El presidente del CCE coincidió con los diputados que han argumentad­o que el dinero es finito y se agotaría cuando mucho en el pago de la pensión de dos generacion­es de trabajador­es, por lo que consideró que a futuro y con el envejecimi­ento de la población, si no se apuntala económicam­ente la propuesta, generará un boquete de 7.5% al PIB nacional.

El presidente de la Asociación de Industrial­es del Estado de Morelos (ADIEM), Eduardo Aguilar Ochoa, expresó que Morena está tomando decisiones aisladas sin tener en cuenta la opinión de los empresario­s y comprometi­endo recursos económicos futuros.

Pero además, expresó su inconformi­dad con una propuesta que tiene el riesgo de terminar en programas públicos para la compra de votos.

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