EL LIBRO DE CABECERA

De acuerdo con la investigadora francesa Elodie Marie Bordat, la institucionalización de la política cultural mexicana evolucionó a partir de 1988, con la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy extinto, para luego de la primera alternancia política en casi 70 años en el año 2000, convertirse en Secretaría de Cultura. No obstante, es pertinente hacer una retrospectiva del periodo de 1988 a 2006 que nos permita aprehender los cambios en los objetivos de la política cultural y la organización administrativa federal. Podemos adelantar una hipótesis: desde su institucionalización, y a pesar de una alternancia política, los objetivos, definiciones y organización de la política cultural no han conocido cambios significativos.

El objeto de la intervención del Estado en la política cultural varía entre países. La determinación del campo de acción del Estado define el modelo administrativo, el marco institucional y legal y los tipos de medidas a implementar, tanto a nivel federal como a nivel local, como ocurre en el caso de Querétaro, reflejo del modelo institucional del país.

Como ya hemos abordado en este espacio, el concepto de «política cultural» es una creación francesa, aunque no es un concepto que pueda utilizarse para describir todas las acciones que los gobiernos llevan a cabo en el campo cultural. Es decir, una política cultural no es una simple yuxtaposición de la iniciativa pública en las artes. Para ser considerada como una política pública, el campo cultural debe ser visto por gran parte de la opinión pública y considerado por las autoridades como una función del Estado.

Las políticas culturales de primera generación abarcan los siguientes elementos: conservación, creación, difusión, formación, administración y cooperación cultural. Pero estos elementos están en función de condicionantes ideológicos y políticos de cada país. No obstante, los elementos que se han mantenido en interés permanente han sido la identidad nacional, el apoyo a los artistas y el acceso y participación de la población en la cultura. A partir de la propuesta de Ezequiel Ander-Egg (*), se pueden distinguir cuatro fases en el desarrollo de políticas culturales con sus respectivos modelos institucionales de cultura:

1. En la primera fase la atención se centró en el modelo de la vieja tradición, el cual se remonta hacia la década de los años 60, definiendo predominantemente a la cultura como patrimonio nacional. La acción cultural hizo hincapié en la protección de dicho patrimonio, así como de la educación artística y la ampliación del acceso a los bienes y servicios culturales a las mayorías.

2. En la segunda fase se concibió en la década de los años 70 a partir de la noción de difusión cultural, la cual se volvió cada vez más importante, ya que la atención se centró en la extensión de los canales de distribución de bienes culturales. La cultura se entendía como patrimonio y, sobre todo, como el ejercicio pleno de las bellas artes.

3. La tercera fase se produjo en la década de 1980, en el marco de la democratización cultural. En esta fase, el Estado fue el único encargado de garantizar el acceso a la cultura para la mayoría de ciudadanos movido por ese impulso democratizador.

4. Finalmente, el modelo de democracia cultural se basaba en el supuesto de que el Estado debía ofrecer a sus ciudadanos la posibilidad de acceder y consumir bienes culturales.

Los dos últimos modelos podrían compararse con las categorías de "democratización cultural" y "democracia participativa" propuestas por Néstor García Canclini hacia finales de la década de los

80. Recordemos que la "democratización cultural" fue un paradigma que concibió la política cultural como un programa de difusión y popularización de las artes. Mediante ese modelo las autoridades públicas intentaron afanosamente facilitar el acceso universal a los bienes culturales. El Estado nuevamente se erigía como el principal agente democratizador de la cultura.

Para García Canclini los orígenes de este modelo, persistente hasta nuestros días, no sólo en el plano estatal, encuentra sus raíces en el programa artístico y educativo del México posrevolucionario. Subsecuentemente, el modelo de "democracia participativa" se basó en una crítica del modelo anterior. Bajo este segundo modelo, el Estado consideró que en las sociedades conviven diferentes tipos de culturas y que se debe fomentar su desarrollo. Es decir, el Estado no quiere imponer un modelo específico de cultura a la población.

Al analizar la política cultural en diferentes países, se pueden distinguir cuatro modelos de apoyo al arte: el Estado Facilitador, el Estado Patrón, el Estado Arquitecto y el Estado Ingeniero. En la siguiente clasificación se consideran como criterios los objetivos políticos de la política cultural, los mecanismos de financiación, los estándares artísticos y la dinámica de las políticas, y el estatus socioeconómico del artista. Estos tipos no son mutuamente excluyentes, un Estado puede combinar mecanismos de diferentes modelos.

El Estado Facilitador, generado en Estados Unidos, financia el arte a través de exenciones de impuestos y donaciones. Su objetivo es promover la diversidad. Las tendencias artísticas promovidas dependen de los gustos de los donantes y el estatus del artista depende del éxito económico de su obra o trabajo artístico en el mercado.

El Estado Patrón, ejemplificado por el Reino Unido, apoya las artes gracias a un consejo de artes que favorecen la plena competencia entre artistas y colectivos. Este consejo decide los montos a asignar, pero no los beneficiarios. Los fideicomisarios designados por el gobierno encabezan este consejo. Sus objetivos son promover estándares de excelencia artística profesional. La dinámica política del Estado Patrón responde a la forma de arte promovida por la comunidad artística.

El Estado Arquitecto financia el arte a través de un Ministerio de Cultura como ocurre en Francia. Es facultad exclusiva de los burócratas decidir sobre la financiación de los artistas. El apoyo a la cultura se considera uno de los objetivos de bienestar social del Estado, por lo que no respalda ni exige estándares profesionales, más bien le interesa aquel arte que cumple una función social con la comunidad. La situación económica del artista depende de la financiación del gobierno, no de la taquilla o del éxito de su obra. La política cultural mexicana y la queretana, por supuesto, son fiel reflejo de este modelo.

Finalmente, el Estado Ingeniero (ilustrado por la Unión Soviética) posee todos los medios de producción artística. Las decisiones de financiación las toman los políticos para los artistas cuyas obras reflejan las líneas oficiales del partido. A nivel federal, bajo el actual régimen algunos proyectos culturales se han decantado por seguir este modelo, como ocurre con el Fondo de Cultura Económica.

En todos los modelos la acción del Estado puede ser normativa, directa y/o indirecta. Una intervención normativa se manifiesta a través de la regulación y la legislación, y puede tener diversos objetivos: desarrollo (estímulos fiscales), reorganización (proyectos de educación artística) o prohibición (prohibir determinados usos del patrimonio), entre otros. A través de la acción indirecta, el Estado cumple su función redistributiva, imponiéndose el objetivo de llegar a los sitios remotos a donde la cultura aún no ha llegado o no tiene presencia. La acción directa se justifica por la legitimidad y el prestigio que acompañan a la distribución de bienes culturales. * Ander-Egg, E., (1992). Desarrollo y política cultural. Buenos Aires: Ciccus.