Coaccionan voto con programas sociales
54% de las averiguaciones previas por este delito se registran en los seis estados con mayor marginación
De acuerdo con una revisión de la estadística pública de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), los estados con mayor marginalidad son los que concentran el mayor número de casos de coacción de voto.
Las seis entidades más marginadas -según el Consejo Nacional de Evaluación de la Polícita de Desarollo Social (Coneval)- tienen 54% de las averiguaciones previas por condicionamiento del sufragio a cambio de programas sociales.
Se trata de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla, que juntas acumulan 242 de las 446 averiguaciones previas por condicionamiento de votos.
Además, de acuerdo con la revisión de las últimas elecciones, entre 2012 y 2016, el número de denuncias por condicionamiento del voto aumentó de 70 a 258.
En México, prácticamente la mitad de sus habitantes son considerados pobres, mientras que uno de cada tres mexicanos es vulnerable. Lo anterior se agrava cuando las mediciones establecen que 9.5% sufre pobreza extrema, cerca de 11.4 millones de mexicanos, según el Coneval.
Esta tendencia no es nueva, ya que en las últimas elecciones federales
Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla, que juntas acumulan 242 de las 446 averiguaciones previas por condicionamiento de votos
también coincidió que la mayor cantidad de denuncias por coacción del voto a cambio de programas sociales fue en la zona sureste, donde históricamente hay más rezago social.
De estas entidades, destaca que Chiapas (el estado con mayor marginalidad del país) es la que también tiene el mayor número de averiguaciones previas, 71 casos abiertos ante la fiscalía por presuntas presiones para votar por algún candidato.
Veracruz le sigue con 53 casos, el segundo más alto del país en una entidad que está en el lugar cuatro en marginalidad; Puebla es el tercer lugar en averiguaciones con 46, cuando este estado es el sexto estado con más marginalidad, según los parámetros de Coneval.
La situación se agrava cuando se observa que los mismos estados acumulan 202 de las 271 carpetas abiertas por la Fepade, término que se utiliza a partir de la reforma de justicia penal.
En este rubro, cambia la distribución entre los estados pobres, ya que Puebla toma el primer lugar de los casos con 132 carpetas abiertas ante la Fiscalía; aquí destaca que el segundo lugar nacional es la Ciudad de México (la entidad con menor marginalidad) al registrar 30, y en tercer lugar está Veracruz, con 26 carpetas. Según datos de la Fiscalía, 23 estados tienen un problema de condicionamiento de programas sociales a cambio de votos, pues todos tiene una tasa de una denuncia por cada 100 mil habitantes, pero donde hay más focos rojos es en Puebla.