Jueces federales favorecen al pueblo
La valentía de los jueces federales que han concedido la suspensión provisional a 13 empresas que solicitaron la inaplicación de la ley de la industria eléctrica, promovida y defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha merecido el reconocimiento de las barras y colegios de abogados de casi todo el país.
Así como de universidades (públicas y privadas), profesores de derecho y juristas destacados, quienes ahora también fustigan la pretendida intromisión del depositario del Ejecutivo en contra del Poder Judicial de la Federación.
La velada amenaza de investigar “sin límites” al juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, responsable del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, no ha surtido el efecto que esperaba el principal responsable del gobierno de la 4T, puesto que ahora el juez Rodrigo de la Pesa López Figueroa, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, también resolvió otorgar nuevas suspensiones provisionales que impiden la aplicación de la ley reformada.
Sobre la carta de AMLO al ministro presidente de la Suprema Corte, la respuesta no tuvo mayor importancia, debido a que se le acusó el recibo correspondiente y se le hizo saber (a López Obrador) que de admitir su queja el Consejo de la Judicatura, se le notificará lo conducente.
El día de ayer, en su acostumbrado foro de la conferencia mañanera, el presidente de la República se despidió de los medios de comunicación, anunciando que de no obtener la revocación de las suspensiones provisionales concedidas por los jueces federales que impiden la aplicación de la ley de la industria eléctrica, AMLO procederá a promover ahora reformas a la Constitución federal, para cumplir su capricho y adecuar la Carta Magna a su voluntad soberana, al estilo difundido en la película “La Ley de Herodes”, protagonizada por su amigo, el actor Damián Alcázar, película donde se revela con toda crudeza el abuso autoritario del poder político (pisoteando la Constitución).
Los jueces federales que defendieron con aplicación estricta de la ley los derechos de los quejosos en los recientes juicios de amparo, se han colocado en un sitio histórico de la judicatura mexicana, por su defensa de las instituciones públicas y el Estado de derecho.