Bombardea el Presidente El castillo de la pureza
Amenaza el Presidente con presentar una reforma constitucional en caso de que le echen abajo su Ley de la Industria Eléctrica
CDMX. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Poder Judicial, al que calificó como ‘El castillo de la pureza’, primero con una iniciativa que envió al Senado para que se puedan indagar las cuentas bancarias de jueces y, por otro, al amagar con una reforma constitucional en caso de que le echen abajo su Ley de la Industria Eléctrica.
El martes, el Presidente volvió a criticar la decisión del juez Juan Pablo Gómez Fierro de dar una suspensión provisional contra la Ley de la Industria Eléctrica, al tiempo de agradecer al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, de iniciar una investigación contra el impartidor de justicia. “Antes, decía yo, el Poder Judicial era como 'El castillo de la pureza', nunca se castigaba nunca a un juez, a un magistrado, a un ministro”, dijo.
En este contexto, ayer el titular del Ejecutivo presentó una iniciativa para una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que crea la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que podrá solicitar informes y documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
También establece la creación de un registro de sanciones y obliga a los jueces a presentar declaración patrimonial.
La iniciativa dice que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, las y los magistrados de circuito y las y los jueces de distrito, serán responsables por sus interpretaciones o resoluciones cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe.
Igualmente serán causas de responsabilidad para las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones o cualquier acción que implique subordinación indebida respecto de alguna persona u otro poder.
La nueva Ley Orgánica considera la implementación de “Contralorías del Poder Judicial de la Federación”, una para cada uno de los órganos de este Poder; éstas implementarán los diversos mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.
De manera paralela, en la Cámara de Diputados, Morena presentó otra iniciativa para prohibir que los juzgadores otorguen amparos contra leyes que afecten el bien común.
También ayer, López Obrador amagó con reformar la Constitución en caso de que los jueces frenen su Ley Eléctrica.
“Yo estoy seguro que es constitucional la reforma eléctrica, pero si los jueces y ministros determinan que es inconstitucional y no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución”, advirtió el mandatario en la conferencia matutina.
Sobre la posible reforma constitucional, el presidente de México tendría que cambiar el artículo 28 de la Carta Magna, que establece la libre competencia en el sector, aseguró Víctor Ramírez, especialista en el sector energético.
“Juzgando las razones por las que se emitieron las decisiones del juez, primero tendría que eliminar la libre concurrencia en el sector eléctrico, que es el artículo 28 constitucional”.
Ramírez añade que, al ser una reforma a un artículo constitucional, para su aprobación requerirá que tres cuartas partes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República voten a favor de la iniciativa, a lo que se suma la obligación de que sea aprobada por más de la mitad de los congresos locales.
Por otra parte, la República mexicana tendría que renunciar al derecho constitucional a un ambiente sano, incluido en el artículo 4 constitucional.
Además el país tendría que salirse del acuerdo de la Conferencia de las Partes de París (COP21).
“Este acuerdo no está en la Constitución, pero fue ratificado por el Senado y, por lo tanto adquiere carácter de constitucional”. En entrevista, el vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, aseguró que para aprobar este cambio constitucional, el Presidente tendría que mandar su iniciativa al Congreso de la Unión, pero por reglamento, no puede ser una iniciativa preferente, es decir, el debate sería más lento que el de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Por su parte, José Juan González Márquez, profesor del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recordó que una eventual reforma, en caso de que prospere, a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución sería inútil y violaría tratados internacionales como el T-MEC y también el TTP..
Antes, decía yo, el Poder Judicial era como 'El castillo de la pureza', nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro”