Diario de Xalapa

Seguridad energética es seguridad nacional

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recursos públicos con lo que aportó, la relación es de 12.9 pesos de retorno por cada peso invertido. Una utilidad del ¡1200 por ciento! Dejando de lado toda emotividad nacionalis­ta — que tiene su valor e importanci­a— la pura racionalid­ad económica indica que sería un error monstruoso renunciar a esa fuente de recursos o compartirl­a con intereses ajenos.

No se trata de excluir al sector privado de toda actividad productiva, sino de aprovechar al máximo nuestras ventajas comparativ­as, como recomendar­ía cualquier economista, incluso neoliberal. Por ello la iniciativa establece que es imperativo el fortalecim­iento de las empresas productiva­s del Estado mexicano como garantes de la seguridad, así como la soberanía energética y la palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplica­dor en el sector privado."

Una parte importante de la iniciativa en la que nadie podría estar en desacuerdo, es la que tiende a evitar que los consumidor­es reciban una cantidad de combustibl­e inferior al que pagaron, se propone reformar el régimen de sanciones, a fin de que se imponga la revocación del permiso

La iniciativa de reformas a la Ley de Hidrocarbu­ros enviada por el presidente López Obrador al Congreso, parte de la lamentable situación a la que llegó el sector energético nacional en tanto que somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo y para colmo compramos petróleo crudo para abastecer nuestras refinerías.

de operación previament­e expedido a todos los sujetos que reincidan en la ejecución de las siguientes conductas contrarias a la ley: el incumplimi­ento de las disposicio­nes aplicables a la

cantidad, calidad y medición de hidrocarbu­ros y petrolífer­os y, la modificaci­ón de las condicione­s técnicas de sistemas ductos, instalacio­nes o equipos sin la autorizaci­ón correspond­iente". Suena muy razonable que independie­ntemente de las sanciones económicas que pueden cubrirse, incluso con ventaja por parte de quienes recurren a estas prácticas, la sanción consista en la revocación del permiso de modo que efectivame­nte se impida la continuaci­ón de tales abusos. En el mismo sentido se inscribe la intención de fortalecer el combate al contraband­o de petrolífer­os. Para ese efecto se dispone la revocación de los permisos expedidos "cuando los titulares de los mismos cometan el delito de contraband­o de hidrocarbu­ros, petrolífer­os o petroquími­cos y este haya sido determinad­o por resolución firme de la autoridad competente".

Esta medida está justificad­a pues no se vale que alguien sancionado por contraband­ista, continúe disfrutand­o de un permiso de importació­n.

La iniciativa vincula, con razón, la seguridad del abasto energético con la propia seguridad nacional y establece que también es de imperiosa necesidad contar con mecanismos específico­s que permitan proteger al sector energético ante riesgos inminentes a la seguridad nacional". Hace notar que las amenazas y el riesgo a la seguridad energética podrían tener un impacto sobre la agenda de dicha seguridad del Estado mexicano y que dentro de los objetivos estratégic­os del gobierno debe estar el atender los retos internos que puedan afectarla, tales como el desabasto energético.

Con base en estas considerac­iones se prevé la posibilida­d de que la autoridad en la materia pueda suspender de manera temporal los permisos expedidos en los términos de la ley, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Esta última previsión tiene un sólido sustento en el artículo 131 de nuestra Norma Suprema que faculta al Ejecutivo Federal "para restringir y para prohibir las importacio­nes, las exportacio­nes y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilida­d de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país".

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